En Michoacán, 397 casos de incumplimiento de la obligación alimentaria en 2025 destacan un problema persistente, con Morelia y Uruapan a la cabeza.
Morelia, Michoacán.— Durante 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán registró 397 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, de acuerdo con el tablero estadístico institucional de la Dirección General de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística, actualizado hasta diciembre del 2025.
Los datos muestran una incidencia sostenida a lo largo del año, con picos claros en mayo, junio y noviembre, así como una fuerte concentración territorial en la capital del estado.
El desglose mensual evidencia que enero inició con 25 denuncias; en febrero la cifra subió a 30; marzo alcanzó 33; abril descendió a 25; mayo repuntó a 41; junio marcó el nivel más alto del año con 43; julio cerró con 35; agosto reportó 33; septiembre bajó a 29; octubre volvió a subir a 30; noviembre igualó el máximo anual con 43; y diciembre concluyó con 30 casos.
En conjunto, estos registros reflejan una media mensual cercana a 33 delitos, con variaciones que sugieren picos estacionales a mitad y final de año.
Por municipio, la concentración es marcada ya que Morelia encabeza la estadística con 156 carpetas de investigación, lo que representa 39.3 por ciento del total estatal.
Le siguen Uruapan con 64 casos; Zamora con 43; La Piedad con 35; Huetamo con 28; Lázaro Cárdenas con 22; Zitácuaro con 17; Apatzingán con 15; Jiquilpan con 14 y, Coahuayana y Coalcomán con 3 denuncias, respectivamente.
Juntos, Morelia y Uruapan concentran 220 casos, es decir, más de la mitad, esto es 55.4 por ciento de todas las denuncias por este delito en la entidad durante 2025.
En contraste, municipios de menor tamaño poblacional como Coalcomán apenas reportan incidencias marginales.
El comportamiento mensual muestra tres momentos críticos: mayo con 41 casos, junio con 43 y noviembre con 43, meses en los que se observa un aumento significativo respecto al promedio anual.
En contraste, enero y abril, con 25 casos cada uno, fueron los periodos de menor incidencia, lo que sugiere una posible estacionalidad que amerita análisis institucional sobre cargas de trabajo, dinámica familiar y factores económicos.
Aunque el tablero no desglosa por sexo de víctimas o imputados, la estadística refleja la persistencia de un delito que impacta directamente en niñas, niños y personas dependientes de una pensión alimenticia.
El volumen de denuncias en zonas urbanas, particularmente Morelia y Uruapan, también apunta a una mayor judicialización del conflicto familiar en contextos metropolitanos, frente a posibles subregistros en regiones rurales.
Los datos oficiales confirman que el incumplimiento de la obligación alimentaria no es un fenómeno aislado ni decreciente en Michoacán.
Con 397 denuncias en un solo año, el reto para la FGE y el sistema de justicia familiar no sólo es procesal, sino también preventivo, ante un delito que combina rezagos estructurales, conflictividad social y un alto impacto en derechos básicos de manutención.