A 4 años de distancia del surgimiento de los grupos de autodefensas en los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, Michoacán, se niegan a extinguirse.
Morelia, Michoacan.- A 4 años de distancia del surgimiento de los grupos de autodefensas en los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, el 24 de febrero del 2013, la incapacidad de las autoridades estatales para garantizar la seguridad ha provocado la amenaza latente de que los habitantes de diversas regiones del estado contemplen la posibilidad de retomar las armas para combatir al crimen de ahí que niegan a extinguirse.
Factores como la presencia de células delictivas en varios municipios de regiones como Tierra Caliente, la Costa y la Ciénega, particularmente en las demarcaciones colindantes con estados como Jalisco, Guerrero, Colima y el Estado de México, donde mantienen la operatividad los grupos criminales, sumado a las infiltraciones de exintegrantes del cartel de “Los Caballeros Templarios” a los extintos grupos de autodefensa, quienes ahora encabezan las actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y las ejecuciones; han motivado a los habitantes de dichas zonas a valorar la posibilidad de retomar las armas y resurgir.
En aquel 24 de febrero del 2013, el enardecimiento de la población de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana del municipio de Buenavista Tomatlán y de Tepalcatepec; harta de los abusos de Los Caballeros Templarios, optó por tomar las armas y enfrentarlos, pues la complicidad de las autoridades estatales y municipales orilló a que el cartel criminal impusiera su ley en Michoacán.
Más allá de actividades ilícitas como la elaboración y trasiego de droga, explotación de minas -principalmente de hierro y acero- y la exportación de tales materiales, incluso la extorsión y el secuestro, fueron los innumerables abusos como las violaciones de mujeres y adolescentes menores de edad, los asesinatos y el cobro de piso, lo que motivó a los habitantes de los municipios señalados, a combatir a los criminales.
El surgimiento de los autodefensas en Michoacán.
Tal como lo relató en varias entrevistas el fundador de la autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora Chávez, su hijo Manuel Mora -abatido en un enfrentamiento contra el grupo “H 3”, comandado por Luis Antonio Torres González, “El Americano” en diciembre del 2014-, explicó a su padre cómo los Templarios regulaban la comercialización del limón (principal producto que se cosecha en la región), lo que motivó el enfado del exlíder autodefensa, y a partir de ello, harto de los abusos a la población, convocó a una reunión con varios habitantes del lugar, a quienes convenció de levantarse en armas contra el cartel criminal.
A la par, en Tepalcatepec, personajes como José Manuel Mireles Valverde -quien se convertiría posteriormente en el vocero y la figura mediática del movimiento-, Estanislao Beltrán Torres, “Papá Pitufo”, Alberto Gutiérrez, “El Comandante 5” e incluso Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo Farías” (cuestionado líder por sus presuntos nexos con el otrora Cartel del Milenio o Los Valencia, actualmente Cartel Jalisco Nueva Generación), replicaron la acción el mismo 24 de febrero del 2013, y levantaron en armas a la población contra Los Caballeros Templarios.
Inmediatamente, los autodefensas iniciaron su lucha, a través de patrullajes, instalaron retenes en los accesos a las poblaciones, lo que provocó el cierre de las vías de comunicación, que devinieron en desabasto de combustible y alimentos.
Las autoridades estatales, en aquel entonces encabezadas por Fausto Vallejo Figueroa (quien solicitó licencia al cargo por motivos de salud el 18 de abril y que orillaron al Legislativo local a nombrar a Jesús Reyna García, gobernador interino), tardaron varios días en reaccionar en torno al movimiento armado, al que acusaron de ser orquestado y financiado por el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, en el transcurso del 2013 y para enero del 2014, el hartazgo social por los abusos de Los Caballeros Templarios, se replicó en al menos 33 municipios de la entidad a los que arribaron integrantes de los grupos que fundaron estas guardias civiles en Buenavista Tomatlán y Tepacaltepec, y que motivaron la creación de nuevos frentes en tales sitios. De igual forma, surgieron a la luz pública 4 grupos de policía comunitaria, las cuales se aglutinaron en municipios con presencia principalmente indígena.
Fue así que, con el movimiento de los fundadores de las autodefensas para promover el autorresguardo y el combate al cartel criminal en otros municipios, que se conformó un Consejo de Autodefensas, el cual acordó en noviembre del 2013, expandirse por la totalidad del territorio michoacano, pues a las pocas semanas ya existían guardias de esta índole en sitios como Coalcomán, Aguililla, Chinicuila, Aquila, Coahuayana e incluso en Yurécuaro, demarcación enclavada en el extremo norte de la entidad y cercano con Jalisco.
Con base al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicado el 12 de noviembre del 2015, se revela que se conformaron grupos de autodefensas en Aguililla, Apatzingán, Aquila, Ario, Arteaga, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Gabriel Zamora, Huetamo, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Múgica, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Parácuaro, Pátzcuaro, Peribán, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Taretan, Tepalcatepec, Tingüindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Uruapan y Yurécuaro; en tanto que los municipios con policía comunitaria registrada fueron: Cherán, Chilchota, Los Reyes y Paracho.
El informe de la CNDH relata que la presencia de los grupos de autodefensa en los 33 municipios abarcó un total del 56.10 por ciento del total del territorio de la entidad, es decir, 32 mil 897 kilómetros cuadrados, y añade, “en términos poblacionales el 33.95 por ciento de la población michoacana radica en un municipio que contó con presencia de los grupos de autodefensa”, esto es, que un millón 549 mil 295 personas habitaron un sitio con presencia de estas guardias.
Ello, sumado a la presencia de los grupos de autodefensa ya en el municipio de Pátzcuaro, a 40 minutos de la capital del estado: Morelia, a la que anunciaron que arribarían, motivo que el gobierno federal tomara cartas en el asunto y se decretara la conformación la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán que en encabezó Alfredo Castillo Cervantes, con lo cual, mantendrían presencia en la entidad, e informes de primera mano al gobierno de la república.
Los informes de la CNDH
El escenario atípico de Michoacán, no sólo provocó la presencia de un representante del gobierno federal, sino que también provocó que la CNDH investigara el desarrollo de los acontecimientos, a partir de lo cual, se emitió la “Recomendación No. 3VG /2015”, a través de la cual, se enumeraron al menos 10 eventos relevantes tras el surgimiento de los grupos armados de autodefensas.
El primero de ellos, identificado el 24 de febrero del 2013, con la primera aparición pública de los grupos de autodefensa en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, seguido de que “el 5 de marzo del 2013, la comisaría de Buenavista Tomatlán fue tomada por un grupo de autodefensa”.
Para “el 7 de marzo del 2013, el entonces secretario de gobierno de Michoacán, informó de la detención de 34 personas como resultado de un operativo de la SEDENA” y “el 9 de marzo del 2013, la PGR informó que las personas detenidas el 7 de marzo podrían tener posibles nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación”.
“21 de mayo del 2013, la SEGOB en conferencia de prensa informó que las fuerzas del Ejército Mexicano se desplegarían en Michoacán con el propósito que las fuerzas federales tomaran el control de la seguridad” y “el 24 de julio de 2013, grupos de autodefensa tomaron la alcaldía de Aquila”.
“30 de julio de 2013, un miembro del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec, denunció los altos índices de criminalidad que prevalecían en el estado de Michoacán así mismo, vinculaba posibles nexos del gobernador de Michoacán con los Caballeros Templarios”.
“5 de agosto de 2013, el Ejército, la Armada, Policías Federales, Estatales y Ministeriales ingresaron a la comunidad de Aquila”, mientras que “el 29 de diciembre de 2013, un grupo de autodefensa liderado por José Manuel Mireles Valverde, tomó la cabecera municipal de Churumuco”.
Finalmente, “el 4 de enero del 2014, elementos autodefensas tomaron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Parácuaro, Michoacán”.
Tales acontecimientos referidos por la CNDH, se suman a resultados del informe del mismo organismo, en el que se detalla como factores de la conformación de las autodefensas que “a través de los 2 mil 858 testimonios recabados, se observa la coincidencia de los habitantes de la entidad en señalar que fueron víctimas de una serie de delitos en contra de la vida, integridad física y psicológica y su patrimonio, los cuales, entre otras consecuencias, generaron el desplazamiento forzoso de personas. A partir de los testimonios se detectaron 575 víctimas directas, 341 víctimas indirectas, así como otras 2 mil 111 víctimas5 referidas en los propios testimonios recabados”, lo que cuantifica un total de 3 mil 27 víctimas totales, señaladas por los testimonios.
Con base en tales testimonios, la CNDH cuantificó un total de 192 víctimas directas e indirectas, o incluso referidas por los testimonios, de lesiones; 864 víctimas de extorsión; 524 de secuestro; 472 de homicidio; 119 de violación; 597 de afectaciones al patrimonio; 21 desplazamientos forzados; 157 privaciones ilegales de la libertad y 81 más registrados como “otros”.
El Virreinato de Alfredo Castillo
La amenaza de las autodefensas de arribar a Morelia, la capital del estado de Michoacán, obligó al gobernador Fausto Vallejo Figueroa solicitar la intervención del gobierno federal para solucionar el problema. Con ello, el 13 de enero del 2014, se firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, el cual encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acompañado del gabinete de seguridad del gobierno de la república.
Ese mismo día, en el transcurso de la tarde y la noche, las fuerzas federales y militares arribaron a Antúnez, tenencia de Parácuaro, Michoacán, donde, lejos de confrontar a los Caballeros Templarios, se batieron contra los autodefensas del sitio para intentar desarmarlos, lo que dejó un saldo de una persona muerta según la cifra de la autoridad federal, contrastada por las cifras expuestas por la CNDH, que notificó el fallecimiento de 4 personas, entre ellas un menor de 11 años.
La fallida estrategia motivó que dos días después, el 15 de enero del 2014, se decretara la creación de la Comisión Estatal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán que encabezó Alfredo Castillo Cervantes, y éste arribó a la entidad el 16 de enero, quien sugirió al gobernador Vallejo Figueroa, nombrar a Carlos Hugo Castellanos Becerra como secretario de Seguridad Pública (SSP) y a José Martín Godoy Castro, como procurador General de Justicia de Michoacán (PGJE); esté ultimo ratificado al cargo por los dos últimos mandatarios estatales, Salvador Jara Guerrero (quien concluyó la administración de Fausto Vallejo tras solicitar licencia indefinida al cargo el 19 de junio del 2014), y Silvano Aureoles Conejo, actual jefe del Ejecutivo del estado.
Alfredo Castillo Cervantes fungió como mediador y negociador con los grupos de autodefensas en Michoacán, hasta ganar su confianza, a fin de convencerles de registrar las armas que portaban (muchas de ellas obtenidas durante los enfrentamientos contra Los Caballeros Templarios), y enlistarse para legalizarse, a través de la creación de una nueva fuerza de seguridad: las Fuerzas Rurales.
A pesar de que la presencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán generó la desarticulación de Los Caballeros Templarios, tras una serie de aprehensiones y abatimientos de los principales liderazgos y sicarios del cartel, su nombramiento y sus acciones fueron altamente cuestionadas por varios políticos y legisladores locales, quienes consideraron el decreto para crear el cargo, como una violación a la soberanía de la entidad, a tal grado que lo calificaron como “El Virrey de Michoacán”, tras los rumores de representar el poder fáctico en el estado.
Durante el año que el gobierno federal mantuvo a Castillo Cervantes al frente de la comisión, se logró la aprehensión de los líderes de los Caballeros Templarios como Dionisio Loya Plancarte, “El Tío”, capturado el 27 de enero del 2014, y los abatimientos de Nazario Moreno, el 15 de marzo del 2014, y Enrique Plancarte Solís, “El Kike Plancarte”, el 31 de marzo del 2014.
El desconocimiento de las fuerzas armadas federales respecto a las zonas de operatividad de los Caballeros Templarios, provocó que éstas, con el beneplácito de Alfredo Castillo, colaboraran mutuamente con los autodefensas, a tal grado que se conformó el grupo especial de civiles armados para la captura de los liderazgos delicuenciales.
Castillo Cervantes incluso signó un acuerdo el 14 de abril del 2014 con los integrantes del Consejo Ciudadano de Autodefensas, en el que se comprometieron a legalizarse e integrarse a las Fuerzas Rurales el 10 de mayo del mismo año, aunque pactaron permitir la portación de armas y escoltas a los líderes de los grupos, ante las constantes amenazas de atentados contra su vida; documento que actualmente cuestiona como violatorio de la Constitución Mexicana, Ignacio Mendoza Jiménez, abogado del doctor Mireles, que ha centrado su defensa jurídica al proceso penal del exvocero de las autodefensas, acusado de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en este asunto.
El combate al crimen no solo se enfocó contra los líderes del cartel delincuencial, sino contra funcionarios y alcaldes acusados por los autodefensas, de nexos con Los Caballeros Templarios, como el entonces secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, o presidentes municipales Arquímedes Oseguera Solorio de Lázaro Cárdenas; Uriel Chávez Mendoza de Apatzingán; Jesús Cruz Valencia de Aguililla; Dalia Santana Pineda de Huetamo, Salma Karrum Cervantes de Pátzcuaro y Juan Hernández Ramírez de Aquila.
A estos, se suman las detenciones de exfuncionarios de la administración estatal que encabezó el perredista, Leonel Godoy Rangel, como lo fueron Desiderio Camacho Garibo, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas y Mirella Guzmán Rosas, exsecretaria de Finanzas, por malos manejos en el ejercicio de los recursos, peculado y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, otros episodios muy criticados por diversos actores políticos que marcaron el paso de Alfredo Castillo por Michoacán, fueron las aprehensiones de los dos líderes máximos de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, el 27 de junio del 2014 e Hipólito Mora Chávez detenido en dos ocasiones, el 12 de marzo y el 27 de diciembre.
A estas aprehensiones se une la de Enrique Hernández Salcedo, detenido por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay. Ante ello, el líder de la autodefensa de Yurécuaro, acusó de tortura a las autoridades estatales, lo cual fue corroborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Otro episodio más fue el enfrentamiento ocurrido el 16 de diciembre del 2014 en La Ruana, en el que perdieron la vida Manuel Mora, hijo de Hipólito Mora, y otros 11 más, tras un enfrentamiento entre los grupos liderados por este último y Luis Antonio Torres González, “El Americano”, quienes mantienen una rivalidad personal, y que les costó la segunda aprehensión a Mora Chávez y la primera de El Americano.
El último escenario que, junto con el proceso electoral por el gobierno de Michoacán, motivaron la salida de Castillo Cervantes del estado el 22 de enero del 2015; fue la detención y posterior enfrentamiento en la alcaldía de Apatzingán con integrantes del grupo de Los Viagras, liderado por Nicolás Sierra Santana, “El Coruco o El Gordo”, ocurrido el 6 de enero que dejó como saldo 9 fallecidos y 44 detenidos.
La desarticulación de las autodefensas en Michoacán
El dicho popular reza, “divide y vencerás”, y fue parte de la estrategia de las autoridades estatales y federales, respecto a los grupos de autodefensa, que si bien, tuvieron un primer antecedente en la rivalidad entre “El Americano e Hipólito Mora”, luego de que el segundo acusó al primero de cobrar cuota a la población de Buenavista durante los operativos de las autodefensas, además de realizar otras actividades ilícitas; se identifican los homicidio de Rafael Sánchez Moreno, “El Pollo” y José Luis Nino Torres, ocurridos el 8 de marzo del 2014, y por los que se acusó y se aprehendió al fundador de la autodefensa de La Ruana; como el prime detonante de la desarticulación de las autodefensas.
A ello se suman las infiltraciones de exintegrantes de los Caballeros Templarios que los propios líderes de las autodefensas admitieron, luego de que, durante el combate al cartel criminal, se absolvió a los llamados “perdonados”, quienes se sumaron al movimiento, y que actualmente encabezan o integran células delictivas.
De igual forma, la aprehensión de más de 300 autodefensas de Lázaro Cárdenas, Aquila y Tumbiscatío, entre otros sitios, por delitos como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, extorsión, secuestro y homicidio, que, en su mayoría, permanecen encarcelados, fue otro factor.
Entre tales aprehensiones, destacan las ya mencionadas contra Hipólito Mora y el Doctor Mireles, a la que se suma la del líder de la policía comunitaria de la tenencia de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Cemeí Verdía Zepeda, acusado de violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, robo e incineración de urnas de la pasada elección municipal del 2015, y homicidio.
Otra acción que permitió la desarticulación de los autodefensas, han sido los asesinatos de alrededor de 35 integrantes del movimiento, desde 2014 hasta la fecha. La mayoría de estos, ultimados en emboscadas en municipios como Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas; Aquila; Aguililla; Churumuco; Tancítaro; Huetamo; Coalcomán; Tepalcatepec y La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán.
Entre los líderes de las autodefensas asesinados, destacan Rafael Sánchez Moreno, “El Pollo” y José Luis Nino Torres, el 8 de marzo del 2014; Antonio Orozco Reyes, autodefensa de Taretán, abatido el 30 de marzo del 2014; Felipe Díaz Ávila, líder en Coalcoman, ultimado el 18 de octubre del 2014; Gerardo Serafín y Pedro Serafín, líderes de Urupan fallecidos el 24 de noviembre del 2014; Rafael Meraz Arteaga, “El Chopo”, asesinado el 12 de enero del 2015; Enrique Hernández Salcedo de Yurécuaro, ultimado el 15 de mayo del 2015, mientras encabezaba un mitin como candidato por Morena a la alcaldía de aquella demarcación.
A la lista también se suman Camilo Santana Aguirre, “El Bombón”, de Huetamo, asesinado el 5 de julio del 2015; Antonio Sánchez Morales, líder Autodefensa Arteaga, abatido el 27 de julio del 2015; Arturo Peñaloza Martínez de Churumuco, asesinado el 23 de agosto del 2015; Jesús Bucio Cortez y Antonio Bucio, autodefensas de Tancítaro ultimados el 30 de agosto del 2015; Jaime Oseguera González, “El Hamo”, de Parácuaro, abatido el 1 de octubre del 2015; Sacramento Mendoza y David Zapien, autodefensas Aguililla, asesinados el 2 de noviembre del 2015; Arturo Hernández Medina, líder de Los Reyes, calcinado el 28 de junio del 2016 y Tonatiuh Hernández Alva, líder de Pátzcuaro, asesinado el pasado 22 de febrero de este año.
La desarticulación de las autodefensas también estuvo marcada por la acusación de “traición” de los simpatizantes de José Manuel Mireles Valverde contra Estanislao Beltrán, pues aseguraron que intervino en la liberación de 30 integrantes de los Templarios, capturados por los adheridos del movimiento. A ello, suman la acusación de haber negociado con Alfredo Castillo y solicitar apoyos, a cambio de lealtad al gobierno federal.
El caso Mireles
Un factor más para la desarticulación y tiro de gracia a las autodefensas, fue la aprehensión del líder mediático José Manuel Mireles Valverde, detenido el 27 de junio del 2014 con alrededor de 70 autodefensas más, en la comunidad de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, esa no ha sido la primera ocasión que Mireles Valverde ha pisado la prisión, pues el 8 de noviembre de 1988, el doctor fue arrestado en su casa en Tepalcatepec, en posesión de 86 kilos de mariguana empaquetados en diez costales.
El expediente del proceso penal 209/988, que posteriormente se registró como II-233/988, revela que Mireles Valverde fue sentenciado a 7 años y tres meses de prisión en Uruapan por el delito de contra la salud, en su modalidad de siembra, cultivo, cosecha, posesión y venta de marihuana.
No obstante, el exvocero de las autodefensas tan solo permaneció tres años y ocho meses en prisión, a pesar de que la sentencia fue emitida el 15 de mayo de 1991, y catorce meses después, el 9 de julio de 1992, recibió tratamiento de preliberación, a partir del cual, la Comisión Dictaminadora de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de Michoacán concluyó que Mireles Valverde “revela adecuada readaptación”, por lo que fue liberado.
En su segunda aprehensión, atribuida por sus simpatizantes al activismo del doctor Mireles y su constante crítica al proceder de las autoridades federales, el exvocero de las autodefensas fue enviado al Cefereso número 11, en Hermosillo, Sonora, donde permaneció interno hasta el 1 de noviembre del año pasado, cuando fue trasladad al Cefereso número 4, en Tepic, Nayarit.
Durante estos casi tres años de prisión preventiva, los jueces de distrito que han llevado la causa, han negado los amparos interpuestos por la defensa jurídica de Mireles Valverde, actualmente encabezada por el abogado Ignacio Mendoza Jiménez.
A través de varios audiomensajes enviados desde prisión, el exlíder de las autodefensas ha solicitado la intervención del presidente, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, ya sea para que se concrete su libertad o al menos su traslado al Cereso “David Franco Rodríguez”, conocido como Mil Cumbres, en Morelia, Michoacán.
En su proceso han intervenido y solicitado su liberación reconocidos personajes, como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; Andrés Manuel López Obrador; el sacerdote Alejandro Solalinde; el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, el exlíder de las autodefensas de La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora Chávez e integrantes del partido Movimiento Ciudadano, por mencionar a algunos.
Los simpatizantes y familiares de Mireles Valverde, como su esposa, Ana Valencia Chávez o su hermana, Virginia Mireles Valverde, han organizado manifestaciones en favor de la liberación del doctor, además de acusar a Alfredo Castillo Cervantes de influir en el proceso penal, a fin de que no se le permita enfrentarlo en libertad.
Activistas en favor del Mireles Valverde han acusado a las autoridades de impedir que se otorguen los amparos, e incluso han criticado que, tras la solicitud de traslado al Cereso Mil Cumbres, para el cual dio su beneplácito mediático en un primer momento el gobierno de Michoacán, posteriormente rechazó la trasferencia.
Su abogado, Ignacio Mendoza, ha calificado el proceso, como la documentación evidente del “primer preso político” con pruebas de ello, y ha trazado una estrategia jurídica para demostrar que el excomisionado, Alfredo Castillo, signó un acuerdo con las autodefensas en el que permitió permanecer armados y con escoltas a los líderes del movimiento. De manera que ello, demuestra, según Mendoza Jiménez, que Castillo Cervantes violentó la Carta Magna, al solapar una acción ilegal, para la cual no poseía atribuciones.
Entre tanto, el exlíder de las autodefensas en Michoacán, permanece en interno, mientras su salud se merma, pues ha sufrido dos infartos durante su estadía en prisión, además de que las autoridades no le han practicado un estudio que requiere para establecer la gravedad de la enfermedad cardiaca que padece.
Los autodefensas: de las armas a la política en Michoacan.
A la postre de la legalización de las autodefensas a través de la conformación de la Fuerza Rural, varios liderazgos abandonaron el proyecto, como fue el caso de Hipólito Mora, a quien Movimiento Ciudadano le ofreció la candidatura por la diputación federal del distrito de Apatzingán.
Mora Chávez aceptó y contendió, sin embargo, perdió ante el abanderado priista, Omar Noé Bernardino Vargas, al igual que Virginia Mireles Valverde, hermana del doctor, a quien también Movimiento Ciudadano entregó la candidatura por la diputación federal por el distrito de Hidalgo y perdió.
Otro más que aprovechó el apellido Mireles, fue Alejandro Mireles Valencia, hijo del exvocero de las autodefensas, quien se unió al proyecto panista, como suplente del abanderado albiazul, Salvador Torres, por la diputación federal del distrito de Apatzingán, por lo que contendió contra Hipólito Mora.
A su vez, su otro hijo, Manuel Mireles Valencia, reveló que el doctor militó 30 años en el PRI, por lo que no descartó que, a la salida de prisión, su padre se uniera a algún proyecto político, a alguna función dentro de la administración pública, ante varios ofrecimientos mediáticos que se han externado, como fue el caso del gobernador de Nuevo León, quien admitió su interés por incorporar al exlíder autodefensa a su gabinete.
Sin embargo, no sería la primera vez que José Manuel Mireles Valverde se adentre al terreno de la política, pues militó 30 años en el PRI, y en el 2006, fue promovido por el exgobernador, Leonel Godoy Rangel, como candidato del Sol Azteca, a una senaduría plurinominal, enlistado en el sitio 25.
Un año y medio después se adhirió al Partido Alternativa Socialdemócrata y fue candidato por la diputación local por el distrito de Coalcomán, en fórmula con su esposa, Ana Valencia Chávez, en la elección local del 7 de noviembre del 2007.
No obstante, después se le impidió contender debido a sus antecedentes, por lo que Mireles Valverde fue contratado en la Secretaría de Salud como asesor de asuntos internacionales, donde permaneció hasta 2011.
El “Nuevo Comienzo” con Silvano y los autodefensas en Michoacán.
Actualmente, el gobierno estatal encabezado por el perredista, Silvano Aureoles Conejo, anunció el 11 de febrero del año pasado, la extinción de los grupos de autodefensa, durante un acto protocolario en el que se entregaron reconocimientos a ex integrantes de este movimiento, y señaló la tarea de la seguridad pública sería responsabilidad de las autoridades, por lo que advirtió que se aprehendería a los civiles que permanecieran armados.
Sin embargo, a mediados de año, las órdenes de aprehensión giradas contra los directores de Seguridad Publica de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, Germán Ramírez Sánchez, “El Toro”, Héctor Zepeda Navarrete; la amenaza de retomar las armas, se avivó.
De igual forma, en diciembre del año pasado, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez reconoció el intento de civiles armados que buscaban conformar unas nuevas autodefensas para Uruapan, Michoacán, la cual se contactó con empresarios para solicitarles su autorización de ejercer acciones de resguardo.
Corona Martínez señaló que, ante tal reporte, se impidió la creación de una nueva autodefensa en tal municipio, aunque hoy, a 4 años del surgimiento de estas guardias, nuevamente resurge la advertencia de que los habitantes de varios municipios pretenden retomar las armas, ante la ineficiencia de la autoridad estatal para abatir el crimen organizado.