Hace nueve años fue aprobada la Ley para la Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal en Michoacán; sin recursos
A nueve años de aprobada la Ley para la Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal, en Michoacán no se han destinado recursos para echar a andar el Centro Estatal de Protección que ahí se contempla.
La Ley promulgada por Salvador Jara Guerrero como gobernador el 15 de octubre de 2014, ha carecido de los recursos que la acompañen para la construcción y puesta en marcha del Centro, el cual es el órgano responsable de garantizar la protección y atención de personas protegidas.
De acuerdo con el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, para la Fiscalía esta Ley tiene mucho sentido ya que hay testigos y víctimas que se necesita mantener resguardados y protegidos hasta la audiencia de juicio para que se puedan sostener en su entrevista inicial ante la presencia de un juez y que ahí se configure su testimonio como medio de prueba.
“Esa Ley da la obligación de la construcción de un Centro Estatal operado por la Fiscalía, sólo que tiene un detalle, la Ley dice: siempre y cuando se le asigne recurso presupuestal”.
“¿Cuánto puede costar un edificio como este para proteger a cuántos testigos?, si solamente de homicidio tenemos cada año 600 nuevos procesos penales, no es cualquier casa, no es cualquier esquema de protección en una infraestructura”.
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A pregunta expresa Adrián López apuntó que eso no se ha podido operar porque no hay presupuesto.
La norma establece que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y de las municipales, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que les requiera la Fiscalía, por conducto del Centro Estatal de Protección, para la aplicación de las medidas de protección previstas en esta Ley, sin embargo, al carecer de dicho Centro, la Ley permanece sin cumplirse.