Durante el foro “Acoso judicial y ciberasedio en Puebla” se denunció acoso judicial como estrategia para silenciar a periodistas.
Morelia, Michoacán.- Durante el foro “Acoso judicial y ciberasedio en Puebla”, organizado por Artículo 19, activistas y periodistas denunciaron que el sistema judicial se ha convertido en un instrumento de hostigamiento para inhibir la libertad de expresión en el estado.
Las y los ponentes coincidieron en que Puebla es uno de los lugares donde más se utilizan mecanismos legales para frenar el trabajo de la prensa crítica.
“El acoso judicial es una forma de censura indirecta, porque no se trata de meter a la cárcel al periodista, sino de desgastarlo con procesos, audiencias y recursos económicos que le impiden seguir informando”, señalaron los participantes.
De acuerdo con Artículo 19, las demandas por daño moral, los procesos civiles y las carpetas de investigación abiertas contra comunicadores se han multiplicado en los últimos años.
“No es casualidad que quienes denuncian corrupción terminen siendo denunciados, es parte de una estrategia para intimidar y silenciar”, se comentó en el encuentro.
Los testimonios recogidos revelaron que, en la práctica, enfrentar un proceso judicial puede significar destinar todo el tiempo y los ingresos del periodista a su defensa, mientras los casos en su contra se prolongan indefinidamente.
“Es una forma de criminalizar el periodismo, porque al final el mensaje es: si investigas, te vas a meter en problemas legales”, advirtieron los participantes.
Artículo 19 enfatizó que este tipo de prácticas constituyen un riesgo para la democracia, pues atentan contra el derecho de la sociedad a estar informada.
“El mensaje es claro: el poder utiliza el derecho para violar derechos, y mientras no haya sanciones a quienes abusan del aparato judicial, esta será una práctica recurrente”, insistieron.
Finalmente, se subrayó la urgencia de impulsar reformas que garanticen que los mecanismos legales no se utilicen para hostigar a la prensa.
“La justicia no puede ser un arma contra la libertad de expresión; tiene que ser una garantía para protegerla”, concluyeron.