Para los teóricos del contrato social, el Estado tiene como principal función asegurar que los individuos gocen de un mínimo de garantías que permitan superar el estado de barbarie en donde no hay más condición que la ley del más fuerte. El hombre cede a sus libertades para que una autoridad encarnada por el Estado, a través de sus instituciones y leyes, aseguren la convivencia social. En este sentido, el pacto social materializado en la Carta Magna, en nuestra Constitución, otorga ciertos derechos y garantías a los individuos que renuncian al estado de naturaleza para vivir en sociedad. En algunos casos, el papel mínimo del Estado está asociado a sus funciones de Estado Gendarme, es decir, a aquellas que lo consagran únicamente a garantizar la defensa del territorio y la seguridad de la vida y la propiedad.
En este sentido, uno de los principales aspectos que deben guiar el debate de la contienda electoral reside en la discusión de las ideas y alternativas que permitan garantizar que las funciones mínimas del Estado puedan cumplirse en condiciones de altos niveles de inseguridad e impunidad. Al respecto, quiero destacar el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017 que elaboró la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) a 69 países en donde la escala de medición es del 0 al 100, donde cero significa impunidad nula y 100 el máximo nivel de impunidad que puede alcanzarse, en donde México presenta de los peores resultados con un IGI de 69.21 ubicándose en el 4to lugar de los países evaluados con mayor nivel de impunidad (cuadro 1).
A este dato, vale la pena añadir el dato duro de la cifra negra del delito paso del 92.1% en 2012 al 93.6% en 2016, es decir, que los delitos en donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa han aumentado, como se observa a continuación, conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 del INEGI, siendo los delitos de extorsión, fraude y robo o asalto en la calle o en el transporte público los que presentan mayor nivel específico de esta cifra negra:
Cabe destacar que entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas destaca, conforme a los datos de la ENVIPE, destacan la pérdida de tiempo (33.1%), la desconfianza en la autoridad (16.5%) y los trámites largos o difíciles (8%). Aspectos que deben atenderse, desde una perspectiva integral, que permita facilitar la denuncia en nuestro país. No podemos alcanzar un verdadero Estado de Derecho sí las instituciones encargadas de la procuración e impartición de la justicia son vistas como islotes aislados de un amplio y complicado andamiaje institucional.
Es por ello que la percepción de inseguridad, conforme a los datos del INEGI, paso del 72.3% en 2013 a 74.3% en 2017, teniendo sus principales focos rojos en el Estado de México (90.7%), Veracruz (89.9%), Tabasco (88.8%), Morelos (86.3%), Ciudad de México (85.7%), Tamaulipas (85.2%), Zacatecas (84.4%) y Guerreo (83.1%), siendo las entidades con mejor percepción Yucatán (27.2%) y Aguascalientes (43.7%), como se muestra en la siguiente tabla:
Sin tratar de ahondar en un tema que implica un mayor análisis y reflexión colectiva, el punto que se pone en la mesa de la agenda pública de los próximos días y semanas es el relacionado con el combate a la impunidad y la inseguridad en México dentro de una Agenda 2030, que vaya más allá de los periodos sexenales de gobierno, hacia una verdadera y real Política de Estado. ¿Cómo hacer para que las leyes se respeten? ¿Cómo incidir para que los contrapesos propios de un sistema democrático eviten los abusos o el uso discrecional de las instituciones? ¿Cómo fortalecer la independencia e imparcialidad de la impartición de justicia? ¿Cómo resolver los problemas estructurales y de funcionamiento que el IGI señala como gran debilidad de nuestro país (cuadro 2)? ¿Cómo empoderar a la ciudadanía para que evite los abusos de la autoridad? ¿Cómo hacer realidad una cultura de protección de los derechos humanos que respalde a las víctimas y no sea pretexto para el abuso de los victimarios?
Sin un debate a la altura de los problemas y crisis en la que nos encontramos, sólo deberemos conformarnos con la presentación de gabinetes de risa, como actos anticipados de un triunfalismo que insulta a la democracia y resulta una tomada de pelo para creer que se tienen las respuestas que no pueden venir de una sola voz o del pseudo-monopolio de la verdad. Se necesita un compromiso político de altura que permita cuestionar los logros y avances que en la materia se han realizado, pero siendo críticos y realistas de que no han sido suficientes. Ahí están estos dos indicadores que presentó como prueba de que aún falta mucho por hacer. Como ciudadano, me gustaría escuchar propuestas inteligentes, no disparates que hablan del amor y de la amnistía a criminales, porque ello es una falta de respeto a las víctimas de la delincuencia generalizada en lo micro o en lo macro, es subirse al ladrillo de promesas políticas de campaña que ponen por encima de las instituciones o el bienestar colectivo el mercadeo de votos o de enviar mensajes confusos que alientan a la informalidad o a la ilegalidad como base de un movimiento sustentado en la esperanza de un México mejor.
Para evitar el estado de la barbarie, el llamado estado de naturaleza, al estilo del contrato social, es necesario fortalecer al Estado de Derecho en México. Pero no podemos fortalecerlo sin un compromiso nacional, con voluntad política en todos los espacios de la esfera pública, con una participación ciudadana activa, con enfoques multifactoriales y multicausales de análisis y con alternativas ampliamente consensadas que sean lideradas por notables, expertos o liderazgos sociales reconocidos, por ejemplo, como podrían ser las Universidades (que lejos satanizarlas con escándalos como la Estafa Maestra, debemos creer en ellas y reconocerlas como el semillero de cambio y de las ideas para un mejor país).
Así como, con acciones puntuales como la unificación del mando de las policías civiles en el Mando Único, el mejoramiento de las condiciones de vida (el piso social mínimo) para todos con el Salario Universal, el fortalecimiento de la integración familiar y la generación de polos de desarrollo que permitan incrementar las oportunidades de empleo, así como las condiciones para abrir nuevas empresas, consolidar las existentes y premiar a las vanguardistas, innovadoras y de punta. Desde mi perspectiva, la impunidad o la inseguridad se pueden combatir sólo con más policías o mejores armas (visiones limitadas, sesgadas o parciales), aunque sean también necesarios y formen parte de una solución integral, o con un zar o grupo especializado de reacción (al estilo de los intocables). Aspectos que vale la pena considerar en una Agenda 2030 rumbo a julio de 2018.
Cuadro 1
Cuadro 2
Ernesto Navarro.