Del bolsillo del presidente, Alfonso Martínez Alcázar, se deberá cubrir una multa de 44 mil 750 pesos que fue impuesta sobre el Ayuntamiento por incidir en el uso indebido de datos personales de la ciudadanía tras recurrir al acoso telefónico para cumplir con la gestión del impuesto predial.
El punto a destacar es que el presidente independiente no podrá desgastar el erario público para hacer frente a dicha sanción, pues así lo estipuló el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).
La sanción, como ya se ha informado a través de este medio de comunicación, se basa en que el Ayuntamiento fue multado tras otorgarle a la empresa que fue licitada para encargarse de recuperar la cartera vencida sobre el cobro del impuesto predial, la posibilidad de “acosar” vía telefónica a la ciudadanía para notificar los adeudos que se tienen con el Ayuntamiento.
“Nosotros suspendimos las llamadas telefónicas a los ciudadanos porque estaban transgrediéndose datos personales, y a partir de ello se determinó la multa y también se sugiere para que no vaya incurrir en otro indebido trato, el análisis profundo del contrato y, en su caso, lo dé por concluido”, dijo en entrevista el comisionado Presidente del IMAIP, Ulises Merino García.
“Él (Alfonso), no puede pagar con erario público, tiene que pagar con patrimonio propio”, puntualizó al ser abordado sobre si Alfonso Martínez podría hacer uso de recursos municipales para saldar el pendiente económico que enfrenta con el IMAIP.
Agregó que ya se generaron los informes correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para que se garantice que el pago de la multa sea cubierto con el bolsillo del alcalde, y no con dinero del erario público.
Aunado a ello, dijo que de encontrar una reincidencia en la violación que cometió el Ayuntamiento, la multa podría ascender al doble de la cantidad antes citadas, es decir, a 89 mil 500 pesos.
Bajo estas condiciones, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata señaló que ya se analiza la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa que fue licitada para dicho proceso, pero no confirmó si el municipio podría ser merecedor de otra multa, en caso de dar por terminada la relación con dicha compañía.
A manera de contexto, es importante señalar que la incapacidad operativa que existe en el Ayuntamiento en cuanto a labores de gestión, provocó que el municipio se inclinara por emitir una Licitación Pública Nacional para que el sector privado se encargara de recaudar por lo menos 400 millones de pesos correspondientes a 120 mil bienes inmuebles que no han cumplido con el pago del impuesto predial en la capital.
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