Hector Tenorio

Uno de los muchos problemas que padece la campaña de José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial del PRI, es que arrastra el desprestigio del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y de su homólogo el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, entre otros casos. Es necesario precisar que el desfalco a las arcas públicas es el sello del sexenio que agoniza, sin duda el escándalo de la Casa Blanca fue emblemático. Como consecuencia en este escenario el abanderado priísta se siente acorralado, ha optado por acusar a Andrés Manuel López Obrador de formar parte del engranaje de la corrupción que tiene hundido al país.

Algunos analistas consideran que el origen de este cáncer se relaciona con las profundas desigualdades que existen en nuestro país, (esto incluye a gran parte de América Latina) y que ponen en riesgo la gobernabilidad al debilitar las instituciones y cancelar la posibilidad de alcanzar una democracia plena.

Ahora bien, siguiendo esta línea de pensamientos y retrocediendo en el tiempo y espacio, nos hace suponer que antes de la llegada de los españoles a nuestro continente la corrupción no representaba un problema de gobernabilidad para los antiguos dueños de estas tierras. Vale la pena preguntarse: ¿Si este cáncer desembarcó de Europa, por qué aquí se desarrolló de manera vertiginosa y del otro lado de Atlántico no sucedió lo mismo? Fuimos saqueados y las desigualdades se profundizaron en el período de la colonia ya que la corrupción se incrustó en las instituciones y se convirtió en una forma de gobernar, lo peor es que esto prolongó después de que las colonias se liberaron del opresor.

En este contexto, ¿es posible que la columna vertebral de la economía de America Latina sea la corrupción? La respuesta es si, y nos lleva a la conclusión que no puede haber un desarrollo de la economía bajo tales condiciones.

Para algunos historiadores la corrupción en nuestra nación se inició convencionalmente  con Manuel Ávila Camacho (|1940-1946), sin embargo, se institucionalizó con la llegada del gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Es lógico que en el PRI se volviera una costumbre que al empezar una nueva administración hubiera una cacería de brujas contra ex funcionarios que se habían enriquecido ilícitamente, se procuraba no afectar a los ex mandatarios. Ejemplos sobran: los lopezportillistas acusaron de ladrones a los echeverristas. Que decir del entonces presidente de la República Miguel de la Madrid (1982-1988) encabezando una renovación moral, mientras que Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) desmantelaba al Estado y enriquecía a sus amigos, entre ellos Carlos Slim. Lo mismo sucedió con Ernesto Zedillo (1994-2000).

En las dos ex presidencias panistas con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) la historia no varió. Sobre los gobiernos estatales que han emergido de las filas de la izquierda no fueron la excepción. Se les ha juzgado con mayor rigor por tratarse de políticos surgidos de la lucha social.

¿Es posible que quién gane la presidencia en el 2018 nos libre de este mal? Responder de forma negativa nos condenaría. No obstante, para que la respuesta sea diferente se tiene que ir al origen y lograr una forma más equitativa en la repartición de la riqueza.

El problema de raíz es la falta de una ciudadanía,  y esta no podrá darse mientras se compre el voto. La sociedad debe asumir su papel de vigilar y presionar a las autoridades para que estas no abusen del poder que tienen temporalmente. Esto quiere decir que es necesario empezar a enterrar la cultura del presidencialismo que nos tiene atrapados en el pasado y nos impide dejar ver el futuro.