Apela ASM juicio perdido contra Ramón Hernández por irregularidades en IEM en ejercicio de recursos
Morelia, Michoacán.-La Auditoría Superior de Michoacán determinó apelar un juicio perdido contra el expresidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a partir de irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos de dicho organismo.
El asunto es añejo, parte de la auditoría practicada por el órgano fiscalizador al ejercicio fiscal 2015 en el Instituto Electoral de Michoacán, cuando Ramón Hernández era presidente del organismo.
La ruta legal iniciada por la Auditoría dentro del expediente de fiscalización ASM/E/020/2016, derivó que en 2108 estableciera el procedimiento Administrativo de Responsabilidades AEF-005/2018, debido a un monto de 21 millones 958 mil 847.86 pesos pendientes de aclarar.
Dicha situación involucró a Ramón Hernández y diferentes funcionarios electorales que en 2015 se vieron involucrados en el asunto.
Cabe apuntar que inicialmente los hallazgos de la Auditoría señalaban un monto superior a los 23 millones de pesos por aclarar, por concepto de “pago de horas extraordinarias” durante el 2015.
Para entonces se detectó que los miembros de la Junta Estatal Ejecutiva del IEM acordaron el pago por concepto de horas extraordinarias a los integrantes de los Comités Electorales, Municipales y Distritales, sin contar con la autorización del Consejo General, para dar suficiencia a la partida presupuestal en la que se afectaron dichos pagos.
Aunado a esto, el Instituto únicamente contaba con los recibos de pago expedidos por el concepto de horas extraordinarias pagadas, no así con un registro de asistencia y/o control, en el cual se reflejaran las mismas, únicamente contaban con los recibos de pago expedidos por el concepto de horas extraordinarias pagadas. Por ese concepto se ejercieron un total de 23 millones 142 mil 707 pesos, pagadas al personal adscrito a las diversas áreas del Instituto.
Lo curioso era que el monto mayor de esos 23.1 millones de pesos no se destinó al pago de horas extraordinarias de los Consejos Distritales y Municipales (7.3 millones), sino a los órganos centrales del propio Instituto.
Derivado de ello y tras el procedimiento correspondiente, Ramón Hernández promovió una demanda administrativa de nulidad para evitar las responsabilidades establecidas en el referido proceso AEF-005/20018, el cual encontró respuesta positiva a su favor por parte del Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa a principios de este mes.
Cuestionado sobre el particular, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán, informó que el asunto ya fue apelado por considerar que faltaron elementos a revisar.
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La intención de la Auditoría es que asunto pueda ser revisado por el Pleno del Tribunal, y allegar mayores pruebas para que emita el fallo respectivo.