La aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se prevé la próxima semana en el Congreso de Michoacán
Morelia, Michoacán.- Se prevé que la próxima semana se concrete la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano.
La legisladora dijo que la fecha límite que se tiene es el próximo 30 de junio para aprobar la nueva norma, de ahí que la próxima semana la Cámara contemple sesionar en dos ocasiones, para en una de ellas, aprobar la nueva norma.
“Se han estado realizando reuniones desde que se dio la reforma en el Estado. Hay equipos de trabajo en donde participa el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”, refirió la también coordinadora de la bancada de Morena.
Apuntó que dichas reuniones las ha encabezado el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y en el caso del Congreso han venido participando los legisladores Juan Antonio Magaña de la Mora, y la diputada Anabet Franco Carrizales, ésta última, presidenta de la Comisión de Justicia.
“Tuvimos una reunión el martes en la mañana y ya formalizó el Poder Judicial su propuesta que está siendo analizada ahorita por nuestros equipos para ver que sí y que no en la nueva circunstancia del Poder Judicial. Esto tiene que quedar aprobado a más tardar el día 30 de junio”.
A pregunta expresa confirmó que los trabajos realizados son para que la iniciativa arribe a la Cámara lo más consensada y trabajada posible, ello para que transite sin mayores complicaciones dentro del Legislativo.
Cabe recordar que el 24 de octubre de 2024, el Congreso local aprobó las reformas a la Constitución Política del Estado para la elección de jueces y magistrados en Michoacán. Misma que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 13 de noviembre, luego que el día previo el Legislativo realizara la declaratoria de validez respectiva.
Ahí se estableció en el artículo 11 transitorio, un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones a la normativa que correspondan para dar cumplimiento al mismo.
Esos 90 días naturales que tenía la Cámara, se cumplieron el pasado 11 de febrero, sin que los legisladores atendieran su propio mandato.