El asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez en Apatzingán, expone la ineficacia en el combate a la extorsión en Michoacán
Morelia, Michoacán.- Menos de dos semanas después de que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, presumiera la detención de un grupo dedicado a la extorsión de productores de limón en la Tierra Caliente, fue localizado sin vida y con huellas de violencia el presidente de Productores de limón de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.
El hallazgo del cadáver de Bernardo Bravo se suscitó este día, luego de denuncias constantes por parte del sector citricultor sobre las cuotas impuestas por grupos delictivos que operan en la región, donde se disputan la operatividad criminal de la región la alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a Los Viagras, contra los remanentes de Los Caballeros Templarios.
Detención de presuntos extorsionadores
El pasado 8 de octubre, en conferencia de prensa en Casa Michoacán, el fiscal Torres Piña presentó como uno de los principales resultados de los operativos de septiembre, la aprehensión de presuntos integrantes de una célula dedicada a extorsionar a productores del Valle de Apatzingán.
Según el informe de Carlos Torres Piña, los detenidos se les aseguraron listados con los nombres de 21 personas y empresas, así como 3.5 millones de pesos presuntamente obtenidos por los cobros ilegales.
“Los detenidos se dedicaban a la extorsión, como pueden apreciar ahí algunas fotografías de algunas empresas, de algunos nombres en particular de lo que cobraban el monto aproximado que se incautó en esa ecuación fueron casi de 3.5 millones de pesos”, explicó el fiscal.
Carlos Torres Piña insistió en que las denuncias de los productores eran clave para robustecer las investigaciones, pues señaló:
“Hemos insistido mucho en que es importante que los empresarios de la zona limonera nos ayuden también con las denuncias, esto nos puede permitir que dentro del proceso sean investigaciones contundentes para que no salgan ya de prisión”.
Pese a esos anuncios y a la reiteración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre la presencia de la Guardia Civil, la Sedena y la Guardia Nacional en operativos coordinados para garantizar la seguridad de los trabajadores de los limoneros, el hallazgo del cadáver de Bernardo Bravo Manríquez vuelve a exhibir la ineficacia institucional para contener la violencia y el control territorial de los grupos criminales.
El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, había declarado en aquella misma rueda de prensa que las autoridades mantenían vigilancia para evitar nuevos episodios de extorsión.
“Vamos a estar trabajando para poder tener una presencia mayor y que todos los trabajadores de limón y otras empresas puedan trabajar con normalidad”, señaló.
Sin embargo, productores de la región sostienen que las amenazas, los cobros de “derecho de piso” y las agresiones armadas no han cesado.
Extorsiones continúan
Desde el año pasado, las organizaciones limoneras han denunciado que las extorsiones o cobro de piso se recrudeció a ultimas fechas, aunque el propio Bernardo Bravo había declarado que le problema prevalecía desde hace 15 años.
La operatividad del crimen organizado, en un primer momento ocasionó el encarecimiento del limón, además de paralizar la comercialización en el tianguis y forzar el cierre temporal de huertas en Apatzingán.
Bernardo Bravo era uno de los representantes visibles del sector en medio de estas denuncias. Su muerte, ocurrida pese a los supuestos “resultados” de los operativos recientes, reaviva la percepción de desprotección entre los productores y cuestiona la capacidad del gobierno estatal para garantizar la seguridad y la justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia económica del crimen organizado.