Un análisis detallado de los linchamientos en México y su creciente tendencia.
Entre 2016 y 2022, México ha presenciado un alarmante número de 1,423 linchamientos consumados y 196 intentos. La trágica muerte de Camila, una menor de ocho años en Taxco de Alarcón, Guerrero, desencadenó el linchamiento de tres individuos supuestamente implicados en su crimen.
Ana Rosa “N”, acusada del hecho, fue víctima de una turba que la sacó de su vivienda y la golpeó hasta causarle la muerte.
Estos sucesos evidencian una escalada en el fenómeno de los linchamientos en México. Investigaciones del Instituto Belisario Domínguez y la UAM Azcapotzalco arrojan que, desde 1992, el país ha experimentado un promedio de 3.5 linchamientos o intentos al mes.
En los últimos seis años, se contabilizaron mil 423 linchamientos y 196 intentos de estos.
Proliferación de Linchamientos en México
La proliferación de estos actos punitivos extralegales se interpreta como una reacción ante la crisis de autoridad y la desconfianza en las instituciones de justicia.
A pesar de ser actos prohibidos constitucionalmente, los linchamientos persisten, evidenciando una profunda crisis en la impartición de justicia y una violación a los derechos humanos de los acusados.
Los académicos señalan características distintivas de los linchamientos, como el acto consumado, la tentativa fallida de “provocar la muerte” y el anonimato de los agresores, que actúan impulsados por un deseo de castigo.
Las estadísticas indican que entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala presentan la mayor incidencia de estos sucesos, motivados por delitos que van desde el hurto hasta delitos sexuales.
Ante el creciente descontento social y la falta de confianza en las fuerzas de seguridad, la senadora Josefina Vázquez Mota presentó una iniciativa en 2022 para incluir los linchamientos en el Código Penal Federal.
En un esfuerzo por restablecer la fe en el sistema de justicia penal y prevenir la justicia por propia mano, el Senado ha aprobado recientemente una reforma que refuerza los protocolos de los primeros respondientes en escenas del crimen.