Morelia, Michoacán.-La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud en Michoacán “Lázaro Cárdenas”, Guadalupe Pichardo Escobedo, señaló que las autoridades de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), debieron haber invitado al recorrido de este jueves en las bodegas de la empresa Medalfa S.A. de C.V en el municipio de Lerma, Estado de México, por lo menos a un representante de cada uno de los sindicatos de trabajadores que existen en la SSM.
En ese sentido, lamentó que la invitación para realizar este recorrido haya sido exclusivamente para algunos medios de comunicación y no para todos los integrantes de la prensa, al menos de la capital michoacana.
La lideresa sindical destacó que todo parece indicar que las autoridades michoacanas en materia de salud pretenden “transparentar” la distribución y suministro de medicamentos y materiales de curación sólo de manera mediática, sin dar a conocer realmente el fondo de lo que acontece en la Secretaría de Salud en Michoacán, en donde quienes realmente saben la problemática son justamente quienes están al interior de la misma.
Guadalupe Pichardo, quien sin ser invitada a este recorrido llegó de manera sorpresiva, negó rotundamente que la infraestructura de los Servicios de Salud en la entidad sea insuficiente para la distribución de medicamentos y materiales de curación en la entidad, como lo afirmó la titular de la SSM, Diana Carpio Ríos.
De esta manera, Pichardo Escobedo insistió en su exhorto para que las autoridades competentes y correspondientes realicen una investigación a fondo y real de lo que está sucediendo al interior del Sector Salud en torno al desabasto de medicamentos en Hospitales y Centros de Salud en todo el territorio michoacano.
Manifestó que no cesará en su intento por esclarecer todas y cada una de las anomalías que existen en el sector salud en la entidad, por lo que también aseguró que no desistirá de las denuncias de tipo penales que presentó en días pasados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien o quienes resulten responsables por el presunto robo de medicamentos y por alteración en materiales de curación.