alfonso solorzano
Foto: Cortesía

Hace poco más de una semana que fue asesinada la concejala y activista carioca Marielle Franco, en su ciudad natal Río de Janeiro. Este asesinato conmocionó a una gran parte de la sociedad brasileña, especialmente en los sectores socialmente más progresistas así como también en aquellos de bajos recursos económicos. Marielle vivía y trabajaba en una favela, buscando siempre la inclusión de las personas de más bajos recursos en la agenda política de Río de Janeiro.

La fallecida concejala llegó a ese cargo gracias al apoyo del PSOL (Partido Socialismo y Libertad), instituto político escindido del PT (Partido de los Trabajadores). Su activismo se caracterizó sobre todo por sus fuertes críticas contra la intervención militar en Río de Janeiro, debido a la brutalidad ejercida tanto por la policía militar de esa ciudad como por los miembros del ejército brasileño, señalando que miembros de ambas instituciones han perpetrado actos de violencia innecesaria contra pobladores de las favelas sin mencionar que diversas de sus actuaciones han sido ejecutadas fuera de la ley, y que además ni siquiera han producido resultados eficientes en el combate contra la delincuencia.

Por lo anterior, se sospecha que la fallecida concejala fue víctima de un atentado perpetrado por miembros de las fuerzas de seguridad que operaban en las favelas o que por lo menos comandaban operaciones en éstas, y que muy probablemente consideró perjudiciales las actividades políticas de Marielle Franco.

Para empeorar la situación, este asesinato sucede en el momento en que Brasil afronta una terrible crisis política, con un gobierno “provisional” encabezando la administración federal, y que además es repudiado por parte de la mayoría de la población brasileña, no solo por el hecho de asociársele con la caída de Dilma Rousseff sino también por las políticas públicas que está ejerciendo actualmente, mismas que están deshaciendo los programas sociales que beneficiaban a sectores de población muy necesitados.

Se suma a lo anterior, el proceso iniciado por las autoridades judiciales contra el propio Lula, al que le señalan de ser partícipe de actos de corrupción durante su gestión, sin embargo tanto dentro como fuera del país se acusa que dicho proceso está respaldado por intereses más políticos que jurídicos, los cuales buscan anular a toda costa la participación de Lula en el próximo proceso electoral, ya que de acuerdo a las encuestas, Lula sería el único candidato que podría derrotar al actual “oficialismo” brasileño.

Entonces, la muerte de Marielle Franco únicamente contribuye a incrementar la actual crisis social y política que afronta Brasil, sin mencionar que coloca aún más presión a las autoridades tanto locales como federales para presentar resultados solidos que justifiquen las acciones de sus respectivos gobiernos.

Es sabido que las estrategias que están empleando actualmente en Río de Janeiro, basadas en el combate frontal contra grupos del narcotráfico, es completamente inútil, debido a que mientras no se ataquen las redes de tráficos de financiamiento y no se detengan a los políticos y empresarios coludidos con los grupos del crimen organizado, y sobre todo no se mejoren las condiciones de desarrollo social para los sectores más vulnerables, el problema seguirá persistiendo y cobrándose más y más víctimas.

El mejor ejemplo del fracaso de esta clase de estrategias de combate frontal contra el crimen organizado es México, donde desde el 2006 se emprendió la llamada “guerra contra el narcotráfico”, estrategia que no solo no redujo la violencia y los actos criminales sino que también los incrementó, y que ha sido duramente criticada por organismos defensores de derechos humanos.

Es lamentable la terrible situación que actualmente está afrontando el pueblo brasileño, sin embargo el trágico asesinato de Marielle no debe quedar impune, la sociedad de Brasil debe presionar con mayor fuerza a sus actuales autoridades para que resuelvan la terrible crisis que se vive en ese país, y al mismo tiempo garanticen la aplicación del Estado de Derecho para resolver el crimen que acabó con la vida de esta joven activista.