Productores de aguacate en Michoacán se reorganizaron para intentar diversificar sus exportaciones.
Morelia, Michoacán.-Con una producción que ronda los 3 millones de toneladas y una fuerte concentración en el mercado estadounidense, productores de aguacate en Michoacán se reorganizaron para intentar diversificar sus exportaciones y fortalecer su posición en la cadena productiva, al constituir la Unión Estatal de Agricultores en Pro del Aguacate de Exportación, denominada Pro Aguacate Michoacán.
Del volumen total, alrededor de 1.2 millones de toneladas se exportan a Estados Unidos, mientras que unas 78 mil toneladas se colocan en mercados como Europa, Japón, Canadá, China y países de Centro y Sudamérica.
El resto se absorbe en el mercado nacional, donde el consumo per cápita alcanza 9.5 kilogramos, frente a 4.4 kilogramos en Estados Unidos.
La nueva organización, presentada este lunes en rueda de prensa, agrupa a 19 de las 21 asociaciones previstas y tiene presencia en 42 de los 46 municipios aguacateros del estado, lo que representa cerca del 90 por ciento del sector.
La dirigencia quedó integrada por Bruno Torres Guzmán como presidente; Úrsula Montaño, vicepresidenta; Reinaldo Romero, secretario; Juan Cornejo, tesorero; Jacqueline Vizcaíno, subdelegada, y Ulises Torres, asesor.
Desde esta estructura, los productores plantearon incidir en aspectos como la organización interna, la comercialización, la intermediación, la compra de insumos, la capacitación y la gestión de apoyos, además de impulsar la apertura de nuevos mercados internacionales.
Uno de los cambios inmediatos que enfrentará el sector es la certificación laboral Velagro, que iniciará el 1 de abril como plan piloto durante seis meses y posteriormente será obligatoria para exportar.
Este esquema obligará a registrar a los trabajadores ante el IMSS e Infonavit, en función de las hectáreas cultivadas y el volumen de producción, en respuesta a exigencias del mercado estadounidense.
En paralelo, se informó que se trabaja en una certificación ambiental de carácter federal que podría modificar las condiciones actuales para los productores michoacanos.
Actualmente, la certificación estatal implica pagos de mil 700 pesos por hectárea, además de requisitos técnicos y compensaciones ambientales, entre ellos la obligación de garantizar superficies forestales por cada hectárea cultivada, lo que incrementa los costos de producción.
En contraste, la certificación federal buscaría enfocarse en la remediación ambiental, aunque sus lineamientos aún no están completamente definidos.
En materia ambiental, se mencionaron acciones como viveros, producción de planta, campañas de reforestación y limpieza, además de la siembra de aproximadamente 190 mil pinos durante el último año.
También se reiteró que no es posible establecer nuevos huertos sin autorización de cambio de uso de suelo, por lo que las plantaciones deben ubicarse en terrenos con vocación agrícola y no forestal.
El sector mantiene una estructura mayoritariamente familiar, ya que el 80 por ciento de la producción está en manos de pequeños productores con superficies de entre una y cinco hectáreas.
Sobre la relación con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM, se explicó que esta continúa a cargo de la operación y supervisión de la exportación, particularmente hacia Estados Unidos.
En contraste, la nueva unión busca atender problemáticas internas como la organización de productores, la comercialización, la intermediación y la gestión de condiciones para el sector.
Entre los retos identificados están la apertura de nuevos mercados, la regulación laboral, la presión ambiental y la dinámica de comercialización.
Respecto a las huertas ilegales, se precisó que aquellas sin registro oficial son consideradas fuera de la legalidad y que las juntas locales de sanidad vegetal son responsables de validar la trazabilidad del producto.
En cuanto a la seguridad, ante cuestionamientos sobre extorsión, fraude y presencia del crimen organizado, los productores evitaron profundizar y señalaron que corresponde a las autoridades atender esos problemas.