Desde 2010, 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México, reflejando la violencia estructural y el riesgo que enfrentan.
En México, la labor de las madres buscadoras se ha vuelto extremadamente peligrosa; Según datos de la organización Artículo 19, desde 2010, al menos 43 personas dedicadas a la búsqueda han sido asesinadas o desaparecidas, lo que refleja la violencia estructural que enfrentan al intentar suplir la inacción del Estado.
El informe detalla que de las víctimas, 35 fueron asesinadas y 8 siguen desaparecidas. De estas, 25 eran mujeres y 18 hombres, subrayando que la violencia afecta principalmente a las madres que lideran la búsqueda de sus hijos.
Una labor marcada por el riesgo y la impunidad
Las buscadoras emergen en un contexto de crisis de desapariciones en México, donde miles de familias han tenido que formar colectivos para localizar restos humanos, investigar pistas y recorrer zonas controladas por el crimen organizado.
Estas actividades, que deberían ser responsabilidad de las autoridades, exponen a las familias a amenazas, agresiones y ataques directos. Diversas organizaciones han advertido que la violencia contra buscadoras es sistemática y busca inhibir su labor.
Casos como el de María del Rosario Zavala Aguilar, asesinada en 2020 mientras buscaba a su hijo, o el de Teresa Magueyal Ramírez, evidencian el riesgo constante que enfrentan estas mujeres. Ambas fueron atacadas en Guanajuato, un estado con altos niveles de violencia.
Guanajuato, el estado más peligroso
El informe de Artículo 19 también identifica a Guanajuato como la entidad más peligrosa para las buscadoras, debido a la alta incidencia de ataques en los últimos años.
La entidad se ha convertido en un foco rojo por la disputa entre grupos del crimen organizado, lo que incrementa los riesgos para quienes realizan labores de búsqueda en campo o denuncian desapariciones.
Además, especialistas advierten que muchas de estas agresiones ocurren en contextos donde las víctimas ya habían recibido amenazas o contaban con medidas de protección insuficientes, evidenciando fallas en los mecanismos de seguridad.
La consigna que se repite entre las familias es clara: “buscar no debería costar la vida”.
Organizaciones de derechos humanos han reiterado la necesidad de implementar mecanismos efectivos de protección para las buscadoras y garantizar investigaciones exhaustivas en los casos de agresiones en su contra.