Desde 2011, 35 buscadoras han sido asesinadas en México. Amnistía Internacional urge apoyo internacional para enfrentar esta crisis.
Amnistía Internacional ha revelado que desde 2011, al menos 35 personas buscadoras de desaparecidos han sido asesinadas en México, de las cuales 21 son mujeres.
La organización destacó que el 90 % de los colectivos de búsqueda está compuesto principalmente por mujeres.
AI instó al gobierno mexicano a aceptar ayuda internacional debido a la crisis de desapariciones que afecta al país, con 133,601 personas desaparecidas según el último informe gubernamental.
Durante la XIV Marcha por la Dignidad de las madres buscadoras, realizada el 10 de mayo, Día de las Madres en México, AI solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades que aseguren la protección de las madres y personas involucradas en estas búsquedas.
La ONG subrayó que los colectivos de búsqueda han logrado organizarse en todo México, superando la inacción estatal, y están liderados mayoritariamente por mujeres que han promovido leyes y políticas públicas.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, afirmó que “frente a las graves omisiones e ineficacia de las autoridades mexicanas han sido principalmente las mujeres —madres, esposas, hermanas e hijas— quienes han asumido las labores de búsqueda, recorriendo cárceles, calles, fosas, zonas controladas por el crimen organizado y terrenos de alto riesgo para encontrar a sus familiares”.
La organización también urgió a las autoridades a implementar “medidas integrales y efectivas” para proteger y reconocer a las madres y familias buscadoras.
AI señaló que diariamente desaparecen 90 personas en México, y son sus familiares, especialmente mujeres, quienes las buscan. Insistió en que el Estado debe reconocerlas como defensoras de derechos humanos para activar mecanismos de protección.
Además, AI instó al gobierno a aprovechar la asistencia internacional ofrecida por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, lo cual podría traducirse en apoyo técnico y financiero para fortalecer las búsquedas y brindar protección a las familias.
Un informe del CED en abril sugirió que las desapariciones en México podrían constituir un crimen de lesa humanidad, una afirmación que la presidenta Sheinbaum rechazó firmemente.