Michoacán impulsa la creación de una Unidad de Atención a Extorsión para fortalecer la lucha contra este delito y armonizar la legislación local.
Morelia, Michoacán.- En el Congreso de Michoacán, buscan crear dentro de la Fiscalía General del Estado una Unidad Especializada de Atención a los Delitos de Extorsión, ello para armonizar la legislación local con la federal.
La propuesta es promovida por la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, Emma Rivera Camacho, quien plantea tanto reformar el Código Penal del Estado como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la legisladora, el delito de extorsión en México, y sobre todo en Michoacán, ha dejado de ser sólo una repercusión que se quede en lo patrimonial, sino se ha perpetuado como una actividad de control que es utilizado por los grupos delincuenciales, para obtener beneficios basado en el miedo, “y es que este hecho delictivo, opera de manera amplia sobre sectores de la sociedad, como lo son productores del campo, empresarios, emprendedores de negocios medianos y pequeños”.
Abunda que para llevar a cabo el negocio, se comenten múltiples actos ilegales instrumentales necesarios para el desarrollo de la empresa criminal cuya finalidad es proteger y asegurar la viabilidad de la organización. Abunda que se ejercen violencia hacia el interior y el exterior de la organización, la corrupción de autoridades públicas a pequeña y grande escala.
“Michoacán vive un momento sensible, ya que en las últimas semanas se ha visto golpeado por la actividad ilícita en la que operan células delictivas. Utilizando como forma de presión y coacción, el delito de extorsión, en su modalidad de ‘cobro de piso’ primordialmente, esto asfixia la economía formal e informal, ya que resulta en desplazamientos forzados, cierre de empresas, negocios y genera percepción de impunidad”.
En la iniciativa de reformas que propone, refiere que éstas tienen como objetivo “armonizar la legislación local con el marco normativo nacional en materia de extorsión, pero, sobre todo, institucionalizar la inteligencia y la especialización en el combate a este delito, bajo un enfoque garantista y de derechos humanos”.
Dentro del Código Penal Estatal, la Iniciativa propone remitir el tipo penal y las sanciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, “por lo cual, Michoacán se adhiere a la estrategia implementada por la Federación. Esto elimina las asimetrías legislativas para que los criminales puedan aprovechar la normativa en donde el delito tenga una pena privativa menor. Jurídicamente, fortalece la tipicidad, encuadrando el tipo y las agravantes en una Ley Nacional”.
En cuanto a las modificaciones que prevé para la Ley Orgánica de la Fiscalía, lo que propone es la creación de una Unidad Especializada, lo que sostiene, eleva la investigación técnica a rango de ley.
“Ya no dependerá de la voluntad política; será un mandato legal contar con analistas y policías capacitados. Esto da certeza jurídica a la investigación, la prueba científica y el análisis para sustentar las carpetas de investigación ante los jueces”.