Conociendo lo suelto que es para amarrar acuerdos políticos que sólo le representan beneficio personal, las dirigencias estatal y nacional del Partido Revolucionario Institucional decidieron atarle las manos a su coordinador parlamentario en el Congreso del Estado, Jesús Hernández Peña, en la toma de decisiones que se está dando en torno al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
En la medida en que el proceso electoral se acerca, para el PRI resulta motivo de preocupación cómo quien lidera la bancada de su partido se ha convertido en uno de los alfiles más dóciles al bedollismo dentro del Congreso, desdibujando al PRI como principal fuerza opositora.
Los priistas saben que la consigna para impedir la reelección de Sergio Mecino como magistrado anticorrupción, tiene la intención de que Morena se haga del control del Tribunal de cara al proceso electoral, pues desde éste se pueden truncar aspiraciones políticas a punta de inhabilitaciones.
Y como la incapacidad para armar y sustentar debidamente los casos, ha sido la tónica de quienes tienen dentro de la administración estatal esa responsabilidad, el Tribunal le ha venido regresando al Ejecutivo los asuntos que promueve porque están mal hechos, tal como ocurre actualmente en el Congreso del Estado con el dictamen-acuerdo que le pasaron a la presidenta de la Comisión de Justicia y coordinadora parlamentaria de Morena para el caso Mecino.
De manera propia la administración estatal lo más que ha hecho vía Contraloría, es mandatar por una declaración patrimonial extemporánea una inhabilitación para el exgobernador Silvano Aureoles, decisión que se prevé se venga abajo por ser desproporcionada en relación a la falta cometida.
Sobre las irregularidades en el silvanismo ampliamente documentadas por la prensa e incluso en informes de la Auditoría Superior de la Federación y la propia Auditoría Superior de Michoacán, la actual administración queda a deber aún resultados, sobre todo en áreas como Salud en donde el bedollismo comparte titular de sector con el silvanismo.
Por ello, tener el control del Tribunal de Justicia Administrativa resulta políticamente prioritario para Morena, en donde el presidente Hugo Gama Coria es afín al régimen. Pero los guindas precisan más de un magistrado para hacer transitar asuntos de su interés y que las deficiencias legales en sus asuntos no les resulten un impedimento como lo han venido siendo.
En las dirigencias estatal y federal del PRI están claros del uso político que se haría del Tribunal de cara al proceso electoral, de ahí que hayan decidido amarrarle las manos a su coordinador en el caso Mecino, buscando evitar además que su bancada avale el desaseado proceso legislativo que se ha dado en el tema.
El trompudo
El regaño le habría sentado mal a Jesús Hernández por poner en duda su desempeño como coordinador parlamentario y la lealtad hacia su partido, sobre todo porque ya con el gusto adquirido de lo que se embolsa como diputado local, andaba muy activo cabildeando en la Ciudad de México su reelección en el cargo.
Como ahora el chantaje político intrapartidista está de moda, al interior del PRI circulan versiones de que Hernández habría amagado con emigrar a Movimiento Ciudadano, instituto político al que bien podría denominársele en Michoacán como El Rincón de los Despechados.
Sin embargo en el priismo no parece causar mella el presunto amago de Hernández, sobre todo por carecer éste de capital político propio que pueda representarle al tricolor pérdida de votos, ya que la carrera del coordinador parlamentario se ha cimentado en acuerdos políticos de cúpulas, y no por una base partidista o social que lo respalde.