Berrinche en el feudo
Cuentan en los pasillos de la Máxima Casa de Estudios del estado, que un berrinche de la rectora Yarabi Ávila es el que originó que ahora se encuentre en la mira por presuntos actos de corrupción al no ejercer ocho millones de pesos que el Congreso le mandato aplicara en 2023 para la construcción de la segunda etapa del nuevo edificio del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE).
Y es que ante el desinterés de la rectora por dar continuidad a la obra, la comunidad de docentes del ININEE se organizó y gestionó ante el Congreso del Estado recursos para el 2023 y así continuar con los trabajos.
El hecho encolerizó de tal modo a la rectora -quien observó sublevación en lo que considera su feudo-, que decidió no gestionar ni un solo peso más a la obra, “háganlo ustedes, si ya fueron a pedir recursos sin nosotros, entonces ya lo terminan ustedes y a ver cómo le hacen”, habría contestado a los académicos cuando acudieron a verla para solicitar que contribuyera con más gestiones para la obra.
La rabieta llegó a tal punto que no sólo no realizó gestión alguna, sino que tampoco ejerció los ocho millones mandatados por el Congreso, lo que derivó que el asunto llegara ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) vía denuncia de la comunidad docente, y de ahí se turnara a la contraloría interna de la UMSNH y a la Auditoría Superior de Michoacán.
Como la víscera es política de Rectoría, una vez que el asunto de la denuncia se hizo pública, la ira se habría dejado sentir contra quienes dieron trámite al asunto en el SEA al suponer que de ahí provino la filtración de documentos. El temblor ante tal furia devino en un penoso intento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema para desmarcarse del asunto.
En los muros nicolaitas ya percibe destino similar a los de Roma, cuando Nerón desde la torre de Mecenas, en la colina del Esquilino vio arder la ciudad por su propio mandato.
En la lógica de señores feudales, operarían también algunos de los colaboradores cercanos de la rectora, uno de ellos su secretario particular Jorge Manzo, quien pese a no tener mucho tiempo en el cargo ha logrado ya colmar la paciencia de empleados nicolaitas con los que trabaja, fundamentalmente mujeres.
La queja es por el trato misógino y despótico que dicho funcionario estaría ejerciendo, pues señalan quienes lo padecen, que abiertamente manifiesta que las mujeres no piensan o de plano son idiotas.
Tal personaje ya había sido denunciado en 2019, en el MeToo de Periodistas como acosador “de los compañeros que van iniciando en el medio”, además de misógino, por “humillar de manera constante” a las mujeres que trabajaban con él.
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Desalojar espacios
Pagar los compromisos políticos adquiridos en el marco del proceso electoral es ya una de las preocupaciones de funcionarios en turno. Y es que para garantizar que la maquinaria opere el domingo como se tiene previsto, precisa dar garantías de cumplimiento a la palabra empeñada.
Así, algunos espacios de la administración pública han sido requeridos a quienes los ocupaban aunque sus contratos no hayan vencido. Entre esos casos se encontraría el de trabajadoras de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres que tienen entre dos y siete años trabajando en la dependencia.
Pese a que su contrato vence el 30 de junio, varias de ellas fueron apremiadas a renunciar con fecha al 30 de mayo, tres días antes de la jornada electoral. La petición directa de esos espacios, según se les informó, vendría de una de las funcionarias del círculo más cercano de quien dirige los destinos de la administración pública estatal.