Foto: Raúl Tinoco/ Contramuro

Morelia, Michoacán.-El Centro Michoacano de Evaluación A.C. (Cemide), informó que seguirán adelante en su lucha para llevar a Juicio Político al Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, luego de que el Congreso del Estado desechara la demanda que presentaron.

Alfonso Álvarez Miaja, presidente del Cemide manifestó que el tema no está finiquitado y manifestó que aún quedan algunos recursos que utilizarán como es el del amparo, ya que consideró qué hay otras instancias aún a las cuales recurrir.

Por su parte, el abogado del Cemide, José Manuel Lima, externó que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán, el hecho de que el Congreso del Estado haya votado en contra del dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, hacen obligatorio para los señores diputados que esa resolución cumpla con un requisito que prevé el artículo en mención, en donde se establece que solo puede ser desechado el juicio político cuando sea notoriamente improcedente o el denunciado no sea sujeto de juicio político.

Foto: Raúl Tinoco/ Contramuro

José Manuel Lima, consideró que el dictamen que fue sometido a la aprobación del pleno, iba en el sentido de turnar el asunto a la Comisión Jurisdiccional para que se continuará con el procedimiento, pero cuando la mayoría de los diputados votan en contra del dictamen se genera la obligación de los señores legisladores de explicar el por qué consideran que es notoriamente improcedente.

El abogado del Cemide subrayó que los señores diputados que votaron en contra de que se llevará a cabo dicho juicio político no tienen los elementos suficientes para desechar ese dictamen.

“Por otra parte tenemos como alternativa legal en contra de esta resolución, el juicio de amparo que debe interponerse ante un juzgado de distrito y asimismo tenemos la vía libre para poder agotar otro procedimiento de tipo administrativo, las Leyes del Estado prevén diversas vías para tener oportunidad de inconformarnos por esta conducta atribuible al ASM”, aseveró.

Por su parte, Arturo Herrera Cornejo, integrante del Cemide, explicó en qué se basa la demanda que ellos presentaron y los motivos por los cuales se pretende llevar a juicio político al encargado de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Arturo Herrera detalló que fueron 152 personas las que firmaron dicha demanda, misma que trata de que rindan cuentas y que quién es responsable del mal manejo de los recursos públicos sea castigado, además de que quien está encargado de supervisar de que se apliquen correctamente los recursos públicos y sea omiso también tenga un castigo.

“Estábamos hablando de un crédito de Multiva por mil 340 millones de pesos que de acuerdo con el decreto 351 del Congreso del Estado, el auditor tuvo que haber informado sobre cuál fue la aplicación de estos recursos y ahí quedaron muchas lagunas que Cemide, haciendo el trabajo que debería corresponder a la auditoría investigó con solicitudes de acceso a la información”, indicó.

En ese sentido Herrera Cornejo señaló que existe opacidad en el manejo de 450 millones de pesos, el auditor tenía 30 días para informar al Congreso del Estado el decreto 351 que se expidió el 26 de noviembre del 2014 y el auditor respondió el 30 de enero de 2016, una respuesta extemporánea.

Otro de los errores encontrados es que José Luis López Salgado únicamente copio y pego información que ya había proporcionado la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y tercero, dicho informe no contaba con la firma del auditor, aunado a ellos también se encontraron con que este informe no se entregó por la vía institucional al Congreso sino únicamente al otrora diputado, Juan Carlos Orihuela Tello, quien en ese entonces era el presidente de la Comisión Inspectora de la ASM.

Arturo Herrara indicó que en Michoacán y en México nos encontramos en un problema sistémico como es el de la corrupción, que es un problema que invade a todo el sistema.

En ese sentido, consideró que la serie de complicidades que existen entre los diversos actores políticos impidió que los diputados cumplieran con su responsabilidad, “vamos a ir contra los diputados por la vía del juicio de amparo, vamos a ir también por las vías administrativas”.

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