Ciencia, poder y corrupción

Ciencia, poder y corrupción

Rubí de María Gómez Campos.

Las denuncias de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Investigaciones Financieras contra personajes, cuyo “prestigio” y vínculos con el poder gubernamental son evidentes, sólo son un indicio de formas de descomposición social y política más profunda que lo que muchas personas están dispuestas a reconocer. Aseverados por diversas fuentes periodísticas, los hechos de corrupción y otros graves delitos financieros, presuntamente cometidos por personajes de la vida académica (como los integrantes del “Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.”) y del entretenimiento (como las parejas de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y de la cantante Gloria Trevi, respectivamente) apuntan a un tema que es necesario revisar: el vínculo entre el poder de cualquier tipo y la corrupción (y el orden patriarcal).

Sustentadas en la forma más reconocible de poder que es el dinero, las prácticas de abuso sobre personas y la liberalidad en el uso de recursos públicos se ha tolerado desde hace muchas décadas, sin que pareciera posible siquiera denunciarlas. Aún no sabemos si los delitos denunciados por CONACYT de 31 integrantes del “Foro Consultivo Científico y Tecnológico”, por una cantidad de aproximadamente 280 millones de pesos en cuatro años, de 2014 a 2018 (más de 450 millones de pesos asignados en los períodos de Fox, Calderón y Peña), tienen sustento o no. Lo que sí sabemos es que, como señala la Doctora Lucía Mantilla, académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, no existe en verdad un acoso del gobierno a la comunidad científica, sino acusaciones concretas de malversación de fondos y delincuencia organizada contra miembros de esa asociación civil.

Sobran ejemplos de personajes considerados incuestionables por su vínculo con instituciones preponderantes de la vida social, cuyo apego a la plata y escasa repugnancia a la deshonestidad hacen evidente que el poder político, académico o cultural no es garantía de limpieza ni de decencia mínima, cuando se trata de peculio. Recuérdese el involucramiento de diversas universidades públicas en contubernio con políticos y funcionarios que mantiene a la otrora posible candidata a la presidencia de la República, Rosario Robles, en la cárcel. Pero también hay otras formas de corrupción ligadas al poder, como el poder político, económico y patriarcal que permitió a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (líder del PRI capitalino y ex diputado federal, conocido como el rey de la basura) coordinar una red de prostitución en 2014, o la tortura sufrida por la periodista Lydia Cacho y su penosa travesía por el infierno del combate a la pederastia (que, después de casi 20 años, todavía enfrenta), ejercida por órdenes del empresario Kamel Nacif y su aliado el exgobernador de Puebla, Mario Marín.

El poder cultural ligado al económico y político que protegió al ex embajador “de buena voluntad” de México ante la UNESCO, Andrés Roemer (cuyas acusaciones de abuso sexual suman más de 30), demuestran que la fama y el prestigio no eximen de la posibilidad de corrupción, tanto económica como moral. Hay que recordar que todos estos siniestros personajes tienen recursos económicos y políticos que les permiten permanecer prófugos de una justicia que se abre paso muy lentamente, entre los subterfugios del poder patriarcal y la complicidad de sus pares, todavía más mediocres. De modo que ni el prestigio de las instituciones educativas, ni los cargos de reconocimiento local o internacional, ni la fama de personas consideradas con algún talento son límites para el ejercicio de atropellos que se amparan y justifican, precisamente, en la aureola de superioridad que da el poder y la popularidad que surge de (y que a la vez produce) un acceso fácil al dinero.

En este momento no sabemos si las prácticas denunciadas por la fiscalía contra personas integrantes del Foro Consultivo son efectivamente ilegales, pero sí sabemos que es ilegítimo que un grupo de científicos y ex funcionarios de CONACYT, que de ningún modo representan la pluralidad de la comunidad científica del país, se organicen en asociaciones civiles con el fin de usufructuar recursos públicos. Sobre todo porque el “Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología”, al estar constituido con el mismo nombre que se establece en la Ley de Ciencia y Tecnología (y que según testimonios periodísticos fue posterior a la conformación y funcionamiento de la A. C.), se convierte de hecho en una especie de monopolio de la consultoría en ciencia y tecnología.

Ingresa a. La vulgar misoginia que nos atasca

Como reconoce la ex coordinadora del Foro Consultivo durante el período 2012-2014, Gabriela Dutrenit, el objetivo del Foro es “recoger las opiniones de la comunidad científica, tecnológica y empresarial” (aunque el último sector no se menciona en el nombre). Cierto es que este tipo de prácticas no eran inusuales en el período neoliberal, en el que era habitual que la investigación se realizara a partir de los intereses del sector privado en el ámbito científico y con transferencia de recursos (dineros públicos) al sector privado. En medio de los cuestionamientos al Foro, María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora de CONACYT, dio a conocer que, entre 2009 y 2020, empresas y otros particulares (entre los que se encuentran Monsanto y Kimberly-Clark) recibieron a través de 35 fideicomisos transferencias por 41 mil 624 millones de pesos.

Según afirma la doctora Mantilla, en países desarrollados es el sector privado el que apoya el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y cuando el Estado apoya al sector privado para la investigación científico-tecnológica es con un 20% de los recursos oficiales asignados a la ciencia y la tecnología. En México se aporta el 80%. Lo que lleva a la académica a opinar respecto al debate de fondo sobre modelos de desarrollo científico que “ser neoliberal no está mal, el problema es ser tan mal neoliberal”.

Que académicos, científicos, políticos, artistas, reconocidos y laureados puedan ser a la vez grandes trúhanes, corruptos, pervertidos, es un hecho probado por la historia. Que inclusive las leyes y las reglas sociales han llegado a legitimar maniobras oscuras e inconfesables, capaces de destruir porciones de humanidad probablemente irrecuperables, es una evidencia dolorosa en contextos de gran valor como el arte, la política, la religión, la ciencia y la filosofía. Qué son si no las prácticas de la Shoa, la pederastia clerical, la violencia y el abuso sexual de pintores (Pablo Picasso), cantantes (Plácido Domingo), literatos (Pablo Neruda), cineastas admirados (Woody Allen), productores de cine conocidos (Harvey Weinstein), que han sido develadas recientemente y, en muchos casos, apenas reconocidas con parsimonia cruel ante las víctimas.

Lo cierto es que no todos los que tienen algún tipo de poder (económico, político, académico, cultural) son corruptos, pero la corrupción es una tentación latente para muchos que acceden, o buscan acceder, a espacios de poder sólo porque ya son corruptos. El pernicioso estímulo del amor al dinero y al ejercicio autoritario de un supuesto poder, para ciertos personajes, sólo es un medio para satisfacer bajos instintos que se ocultan bajo una apariencia de interés auténtico (empresarial, cognoscitivo, social o cultural). Ello hace que todos los espacios de prestigio y reconocimiento público sean acechados por falsos científicos y fingidos artistas que no engañan a nadie, pero que se protegen entre sí como si sus pequeños espacios de corrupción justificaran el descrédito de valiosas actividades que se han mantenido a lo largo de la historia.

Por ello es indispensable deslindar el alto valor de las portentosas labores humanas que dan lustre y continuidad a la cultura, de la contingente presencia de lacras que reptan por todos los espacios y encuentran acomodo en cualquier sitio, gracias a la complicidad ciega de una mediocridad en ciernes que, a través del machismo ancestral dota de reconocimiento a cualquier sujeto, por el simple hecho de haber alcanzado un nivel de competencia mínimo, identifica entonces al que sabe, tiene o puede, con los valores mismos, y deifica a aquellos. Los actos aberrantes de seres despreciables son un riesgo creciente cuando esos pretendidos prohombres tienen acceso a recursos materiales, como el dinero que es capaz de comprar conciencias y llenar de codicia la lujuria, la infamia y la soberbia.

La búsqueda de dinero o el ansia de prestigio por razones deliberadas de corrupción no pueden permitirse. La mediocridad que medra económicamente con actividades ilustres es doblemente repudiable. ¿A quién puede servirle que reales o falsos grandes genios acomoden las leyes a su gusto, o las birlen aprovechando su posición o su talento, para lograr mejorar sus propias condiciones? Los intereses personales o de grupo no deben sobreponerse a los intereses colectivos de la ciencia y la cultura. Por ende, como afirma la doctora Mantilla, no sólo los recursos económicos asignados deben ser revisados. También los “consejos” que daban los integrantes del “Foro” deben ser objeto de análisis académico. El mismo modelo de desarrollo de la política pública denominado de “Innovación” debería ser discutido, ya que los científicos no pueden ser reducidos a empleados de las empresas.

La burocracia en la que la investigación científica se encuentra sumergida juega en el deterioro de los programas de estímulo en los que, como todos los universitarios sabemos, existe mucha simulación. El abuso de poder, la ilegalidad consentida, la simulación autoritaria sobre la vida académica de muchas universidades e instituciones nobles, amenaza el auténtico valor del conocimiento y la alta dignidad de la cultura. La vida académica, la actividad teórica (científica y filosófica) no debe supeditarse a criterios burocráticos de organismos y costumbres perniciosas, que se han establecido con el fin de mantener el control de bienes materiales y recursos humanos para provecho propio, de unos cuantos inmorales.

El apego a la ley y a la justicia, el respeto irrestricto a la búsqueda de verdad que la ciencia y la filosofía procuran no deberían arriesgarse. La Universidad Michoacana (y muchas otras) no son muy diferentes. En los últimos tiempos se han producido hechos que deben corregirse: directores impuestos para evadir los procedimientos legales establecidos e incumplimiento de las normas internas para la elección de los consejeros universitarios hacen que los órganos de decisión en la UMSNH no sean legales y mucho menos legítimos. El Consejo Universitario, máxima autoridad de este otrora prestigioso centro educativo, guarda silencio. Tal vez los consejeros no demandan el cumplimiento de estatutos y normas para no arriesgar su posición espuria.

Respecto al Foro Consultivo del CONACYT es importante recordar que ni todas las personas señaladas son científicas, ni todos los científicos del país son corruptos. Pero los cotos de poder, las cofradías y mafias están en todos lados, nos acechan, e intentan anular las voces críticas, el legítimo amor al conocimiento que muchas personas académicas universitarias todavía profesamos. Tampoco se escuchan casi voces de universitarios críticos sobre la situación del CONACYT. En lugar de exigir que se investiguen los hechos, más bien se escandalizan ante la acusación de delincuencia organizada, aun cuando la descripción de los hechos denunciados cumple con la definición jurídica: acción concertada de varios individuos en actividades irregulares y posiblemente ilegales.

En un informado artículo de Contralínea el académico de la Universidad de Baja California Isaac de Paz González sostiene que “tanto el rigor científico como los tiempos exigen apertura, escrutinio, objetividad y autocrítica”. Por ello es que la UNAM, como afirma la doctora Lucía Mantilla, debería abstenerse de nombrar a personas que están siendo objeto de investigación jurídica. Si verdaderamente no han cometido algún delito, lo que más les conviene a las personas acusadas es lo que deberíamos exigir todas: que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades.