Tras asesinato dos autoridades comunales y un maestro en la comunidad de Pómaro en Aquila, comuneros bloquean la carretera federal 200 y exige justicia.
Aquila, Michoacán.- La Comunidad Originaria de Pómaro exigió la intervención de autoridades federales y una investigación integral tras el asesinato de dos autoridades comunales y un maestro durante una emboscada armada registrada en la región costa de Michoacán.
Las víctimas fueron identificadas como Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal; Gerónimo García Flores, representante jurídico de la comunidad; y un joven profesor que viajaba en la unidad oficial del comisariado comunal.
De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque ocurrió sobre el tramo carretero Colola–Maruata, donde hombres armados interceptaron la camioneta en la que viajaban los comuneros y dispararon en múltiples ocasiones.
Información recabada en la zona indica que la agresión habría estado dirigida contra integrantes del comisariado de bienes comunales. Sin embargo, el principal representante de la comunidad no se encontraba en el vehículo al momento de los hechos.
Tras conocerse el homicidio de los tres ocupantes, habitantes de Pómaro realizaron bloqueos sobre la carretera federal 200. Los manifestantes colocaron vehículos sobre la vía y posteriormente les prendieron fuego para exigir el esclarecimiento del caso y medidas de seguridad para la población.
En un pronunciamiento público dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; a la Fiscalía General de la República y a organismos internacionales, la comunidad señaló que desde hace meses había denunciado amenazas relacionadas con el proceso para acceder al autogobierno y al ejercicio directo de recursos públicos.
En el documento, los comuneros responsabilizaron públicamente al presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén, por presuntos actos de intimidación y solicitaron que las autoridades investiguen todas las líneas relacionadas con el caso.
La comunidad también denunció la presencia de grupos delictivos en la región y afirmó que había advertido previamente sobre riesgos para integrantes de sus órganos de representación.
Entre sus demandas se encuentra la intervención de fuerzas federales, medidas de protección para autoridades comunales y habitantes, así como la atracción de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República para determinar responsabilidades materiales e intelectuales.
El caso ha generado reacciones entre comunidades indígenas de la costa y la sierra de Michoacán, cuyos representantes han solicitado que los hechos sean esclarecidos y que se garantice seguridad para quienes participan en procesos de autogobierno y representación comunitaria.
Hasta el momento, autoridades estatales y federales no han informado resultados de las investigaciones relacionadas con el ataque.