Durante la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón y en los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto, el narcotráfico y el crimen organizado creció en un 288 por ciento en sus operaciones financieras y delitos en México.
Lo anterior, informó Edgardo Buscaglia, investigador y consultor internacional en temas de seguridad, quien dijo que del 2002 al 2007 se tenía un aumento de las actividades ilícitas por encima del 129 por ciento.
El especialista dictó una conferencia denominada “seguridad humana y el desarrollo de una democracia con Estado de Derecho”, en la que afirmó que en México existe poca participación ciudadana en dar auditoría, seguimiento y exigir a los políticos y gobiernos que informen que hacen con los bienes decomisados del narcotráfico o en que se ejercen.
Buscaglia afirmó que de las operaciones financiada por el narco es de dinero, la trata de personas, el secuestro y el blanqueo de capitales para fundar nuevas empresas con recursos producto de la delincuencia. Dijo que en México existe un pacto de impunidad entre gobierno federal y estados, así como partidos políticos para no decomisar los bienes del crimen, porque de hacerlo se detectarían quienes fueron financiados por el crimen organizado.
Mencionó que el Congreso de Michoacán y otros poderes legislativos deben de crear leyes donde se establezca mecanismos de participación para vigilar que se decomisen los bienes del delito y se usen para atender necesidades del Estado.
Finalmente, pidió a Silvano Aureoles Conejo a que proponga una ley de participación ciudadana para crear observatorios que vigilen la actuación de policías pero también el seguimiento a las acciones que hacen para decomisar los bienes o fortunas del crimen local.
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