Concluye LXXV Legislatura su segundo año de labores caracterizado por la improductividad en la mayoría de sus comisiones

Con más pena que gloria este jueves concluye su segundo año de labores la LXXV Legislatura del Congreso del Estado; caracterizada por la improductividad en la mayoría de sus comisiones, por el desaseo legislativo y por las disputas de dinero, la labor de los actuales diputados locales no se avizora con mejora para su último año de actividades en que hay un proceso electoral en curso.

El informe numérico presentado por Julieta García Zepeda -aún en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva- no da pie a una evaluación precisa de lo que ha sido el proceder de esta Legislatura afecta al erario público y a los escándalos políticos.

Los datos duros presentados por Julieta García reportan que en ese segundo año de actividades se realizaron 54 sesiones de Pleno, entre ordinarias, extraordinarias y solemnes.

Señala que fueron 626 las iniciativas presentadas, y 391 los dictámenes elaborados, así como 108 propuestas de acuerdo formuladas, 250 decretos emitidos y 215 acuerdos.

Pero más allá del dato duro, la realidad da cuenta del rostro de la LXXV Legislatura que, durante este segundo año legislativo desacató el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para subsanar el proceso legislativo por el que legisló en materia de educación indígena y especial. También incurrió en desacato a un mandato judicial en el proceso para remover al exauditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

En su segundo año, esta Legislatura se consolidó como brazo para el golpeteo y la desestabilización de los órganos de fiscalización del estado como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de Michoacán, con la instrucción de abrir camino dentro de éstos a perfiles afines al Ejecutivo Estatal.

Otra de las características que consolidaron los diputados en su segundo año, fue el desaseo en los procesos legislativos y el desdén para con el rigor que debe darse al legislar, lo que derivó en que autoridades jurisdiccionales les enmendaran la plana en más de una ocasión, o bien, en constantes observaciones del Ejecutivo del Estado a reformas aprobadas por ser muchas de ellas inconstitucionales o financieramente inviables.

Los pleitos por el dinero también estuvieron a la orden del día, la lluvia de cheques para diputados más allá de sus dietas se evidenció en algunos de los informes trimestrales de la Secretaría de Finanzas del Congreso, con cantidades millonarias.

La apetencia por los recursos públicos se develó sin pudor alguno, a costa incluso de los empleos de trabajadores del Congreso que fueron despedidos sin consideración alguna, pretextando que eran aviadores o directamente inservibles.

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El llamado “pago por evento” hizo acto de presencia para que los temas de interés del Ejecutivo pudieran ser aprobados.

Los pleitos y las mutaciones en las bancadas y la Representación Parlamentaria fueron también permanentes, las rupturas y los descalificativos fueron cosa de todos los días. La consolidación de los integrantes de la Junta de Coordinación Política como la clase privilegiada dentro de la Cámara también se dejó sentir.

Pese a todo ello, al declarar concluido el segundo año de labores de la LXXV Legislatura la presidenta saliente de la Mesa Directiva felicitó a los “congresistas de Michoacán”, mientras ellos satisfechos, se autovanagloriaron con un efusivo aplauso.

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