El Congreso solicita al INE cancelar candidaturas judiciales por no cumplir requisitos éticos y académicos.
Los líderes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) la anulación del registro de 18 candidaturas judiciales, según informó Gerardo Fernández Noroña.
Estas candidaturas, que buscan cargos como jueces y magistrados, están bajo investigación por delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada, según el Senado.
Gozar de buena reputación
Gutiérrez Luna y Fernández Noroña argumentan que estas personas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, estipulado en los artículos 95 y 97 de la Constitución.
Además, los legisladores han pedido al INE cancelar las candidaturas de otros ocho aspirantes que no alcanzaron un promedio mínimo de ocho en su licenciatura, un requisito esencial para estos cargos judiciales.
El cumplimiento de estos criterios es crucial para asegurar la idoneidad de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial, según el Congreso.
El informe de Gutiérrez Luna destaca que las investigaciones y órdenes de aprehensión abiertas contra los 18 candidatos muestran que no cumplen con los estándares éticos y legales necesarios para funciones judiciales.
También se menciona que algunos aspirantes han actuado como defensores de personas vinculadas al crimen organizado, lo que compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
El presidente de la Cámara de Diputados subrayó que la elección por voto popular no exime a los candidatos de cumplir con los requisitos éticos y constitucionales.
Legitimidad
Según el diputado federal, la legitimidad del Poder Judicial depende de la legalidad de los procesos y de la integridad moral de sus miembros.
La idoneidad para un cargo judicial es un imperativo ético que protege la confianza pública en las instituciones.
Fernández Noroña apoyó la solicitud, argumentando que permitir que personas con antecedentes penales o sin méritos académicos accedan a estos cargos podría debilitar la credibilidad del sistema judicial.
Para el legislador, la buena reputación y la preparación académica son esenciales para garantizar la imparcialidad y la eficacia en la administración de justicia.