El Congreso de Michoacán aprueba una reforma para combatir la extorsión, dotando al Congreso de la Unión de facultades para legislar una Ley General, contra el crimen organizado.
Morelia, Michoacán.- El Congreso de Michoacán aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de extorsión, que busca dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar una Ley General contra este delito.
De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución permitirá perseguir la extorsión desde un marco jurídico nacional, contribuyendo a cortar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en el país.
Tras su aprobación en el Pleno de la 76 Legislatura, el Congreso local enviará la minuta al Senado de la República. Con ello, se avanzará hacia la creación de leyes generales que homologuen los tipos penales y sanciones relacionados con la extorsión, fortaleciendo la coordinación institucional para su combate.
Durante la sesión, las y los legisladores destacaron que la extorsión afecta bienes jurídicos fundamentales como la libertad y el patrimonio, al generar una violación moral hacia la persona que desemboca en la pérdida de bienes muebles, inmuebles o inmateriales.
En el dictamen se señaló que este delito se expande principalmente por tres factores: el crimen organizado que financia armas y drogas con los recursos obtenidos; el uso de la telefonía celular que permite extorsionar a distancia; y la aparición de grupos imitadores que reproducen estas prácticas delictivas.
Con la reforma constitucional, el Congreso de la Unión podrá unificar criterios en una Ley General contra la Extorsión, eliminando vacíos legales en las normas locales y facilitando a los ciudadanos mecanismos legales más claros para denunciar, mientras que las autoridades contarán con protocolos precisos para la investigación y sanción de este delito.
Los legisladores michoacanos enfatizaron que combatir la extorsión es clave para la paz social. Más allá de la pérdida económica, este delito genera miedo, deterioro del tejido social y desconfianza hacia las instituciones, por lo que su persecución se vuelve prioritaria para fortalecer la seguridad pública en el estado y en el país.