El Congreso local entrara a revisión del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de que éste pueda tener efectividad, esto reformando la norma y clarificando las atribuciones de la Procuraduría del Menor.
El tema ya fue puesto sobre la mesa a través de una iniciativa presentada esta semana por la presidenta de la Cámara Ivonne Pantoja Abascal, quien promueve una serie de reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
En la exposición de motivos de la iniciativa la legisladora alude a trabajo realizado con la UNICEF en el que han observado obstáculos importantes que limitan de manera severa los alcances para la adecuada protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Aludiendo a la estadística nacional del INEGI señala que son cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, es decir, el 35 por ciento total de la población.
Otras cifras que se incluyen refieren que en México 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan o han realizado algún trabajo no permitido o en actividades que los ponen situación de riesgo, además que 20 por ciento de este sector de la población vive en un clima de violencia emocional o física y el 1.8 por ciento de la población de mujeres adolescentes viven o han vivido algún episodio de violencia sexual en su núcleo familiar.
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En ese contexto se habla de fortalecer al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y dotar de herramientas y estructura a las Procuradurías de Protección, atendiendo la diversidad de contextos y las necesidades del estado.
En el documento se habla de compactar y unificar las tareas, así como de mejorar la coordinación y simplificar las atribuciones, con una Procuraduría de Protección eficaz para la defensa, promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia de manera transversal.