El Congreso de Michoacán tiene seis meses para discutir y aprobar la reforma electoral, crucial para las próximas elecciones locales en 2027.
Morelia, Michoacán.- El Congreso de Michoacán contará con seis meses para elaborar, presentar, discutir y aprobar la reforma a las normas que habrán de regir durante las elecciones del 2027 para la renovación de la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos.
Conforme lo establece el artículo 105 de la Constitución General de la República, a nivel federal y local las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Bajo ese parámetro, tanto en lo federal como en lo local se tiene hasta junio próximo para que las reformas queden aprobadas y publicadas, ya que en septiembre próximo arranca el proceso electoral para la renovación del Congreso Federal, y en el caso de Michoacán para las contiendas locales.
Debido a que la reforma electoral en Michoacán está condicionada a los términos en que sea aprobada la federal, los tiempos con que cuente el Congreso del Estado para las modificaciones respectivas se verán acotados de cumplir con el precepto constitucional.
No obstante para las elecciones de 2025 cuando se votó para elegir a personas juzgadoras, los tiempos tope para reformar las normas electorales no fueron respetados ni en lo federal ni en lo local, modificándose leyes a la par que el proceso comicial se iba desarrollando. Por ello es previsible que este año pueda obviarse una vez más el cumplimiento del mandato constitucional para modificar la ley.
Por lo pronto en el Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, Diana Mariel Espinoza Mercado, ha señalado que previo a que se concrete la reforma federal, existen tópicos sobre los cuales se puede ir avanzando en Michoacán, los que se relacionarían principalmente con temas logísticos de organización del proceso.
En su mayoría las fuerzas políticas al interior del Congreso se decantan por la permanencia de los organismos electorales locales, ello frente a la tendencia federal para que éstos desaparezcan y que sus funciones queden en manos del organismo nacional.
Entre las reformas pendientes de dictaminar al Código Electoral del Estado presentadas por los actuales diputados, está la presentada por el morenista Abraham Espinoza Villa, para suprimir el requisito establecido para los candidatos de no tener antecendentes penales y presentar carta que lo acredite, ello por considerar que afecta el derecho político-electoral de los ciudadanos de ser votados a los cargos de gobernador, diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos.
El priista Guillermo Valencia Reyes, presentó una reforma para que los Partidos políticos destinen el 7% de sus financiamiento público ordinario a la capacitación, formación política y el empoderamiento de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados o subrepresentados en la vida pública, como lo son las personas de la comunidad LGBTTTIAQ+, de pueblos y comunidades indígenas, migrantes, con discapacidad y afrodescendientes.
Están dos reformas pendientes enfocadas a garantizar plazos expeditos en el Tribunal Electoral del Estado en casos de violencia política en razón de género, y en temas de consultas a las comunidades para el ejercicio de sus presupuestos directos, ambas formadas por el morenista Juan Carlos Barragán, la primera con la petista Diana Mariel Espinoza y la segunda con Itzé Camacho Zapiain.
El diputado del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, presentó una reforma para modificar los criterios para el registro de candidaturas independientes, incrementando el número de días para la obtención del respaldo ciudadano necesario para obtener el registro, disminuyendo los porcentajes de respaldos requeridos para tal efecto, e incrementando el tope de gastos.