En el Congreso se quiere frenar el cobro de multas municipales excesivas en Michoacán, con una reforma que amarre las manos de servidores públicos
En el Congreso se quiere frenar el cobro de multas municipales excesivas en Michoacán, esto a través de una reforma que amarre las manos a los servidores públicos al momento de sancionar a la población.
La intención es que los Gobiernos Municipales para establecer el monto de una multa, soliciten al ciudadano su comprobante de ingresos diarios, y en caso de no tenerlo se establezca como sanción el cobro de un salario mínimo vigente.
Julieta García Zepeda, presidenta de a Cámara, junto con la coordinadora parlamentaria de Morena, Anabet Franco, y los diputados Juan Carlos Barragán y Margarita López, son los autores de la iniciativa que ya se encuentra en comisiones, a la espera de que los diputados regresen de vacaciones para que trabajen en su dictaminación.
Tratándose de los aprovechamientos derivados de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, la propuesta de reforma propone que la tasa que se aplique no pueda exceder del cinco por ciento del total de la multa.
“En Michoacán hay un alto índice de faltas administrativas, con la cantidad desmedida del cobro en estas infracciones”, se asegura en la exposición de motivos de la propuesta, “estamos de acuerdo en la autonomía del municipio para manejar su hacienda pública a excepción del cobro desmedido de multas”.
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En la exposición de motivos de la iniciativa se abunda, al recordar que uno de los mayores ingresos municipales que reciben los Ayuntamientos, son los aprovechamientos, que son ingresos por multas e indemnizaciones no fiscales, donativos y otros, así como por uso o enajenación de bienes muebles, inmuebles e intangibles, por recuperaciones de capital o en su caso patrimonio invertido.