Michoacán carece de Consejo Consultivo en derechos humanos, por lo cual se ubicó en 2024 en el quinto lugar de las entidades sin contar con uno, reveló el INEGI .
Morelia, Michoacán.– Michoacán se ubicó en 2024 entre las cinco entidades del país que no cuentan con un Consejo Consultivo en su organismo público de derechos humanos, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Según el INEGI, la entidad comparte esta condición con Chihuahua, Chiapas, Puebla y Morelos.
A nivel nacional, al cierre de 2024 se reportaron 27 consejos consultivos constituidos: uno correspondiente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 26 en organismos estatales.
En total, estos consejos concentraron 175 personas consejeras, de las cuales 55.2 por ciento fueron mujeres, 44.2 por ciento hombres y 0.6 por ciento personas no binarias.
En contraste, el organismo de derechos humanos de Michoacán operó durante 2024 sin este órgano colegiado de participación y acompañamiento, a pesar de que la mayoría de las entidades del país ya cuenta con una figura similar dentro de su estructura institucional.
El censo también documenta que, a nivel estatal, Michoacán se posicionó entre las entidades con mayor número de órganos o unidades administrativas y visitadurías, con un total de 28, solo por debajo del Estado de México y Veracruz.
De estas, 10 ejercieron funciones de visitaduría, 15 administrativas y tres combinaron ambas funciones.
En cuanto a infraestructura, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán reportó una oficina central y 11 oficinas en total, de las cuales nueve fueron foráneas, lo que refleja una cobertura territorial significativa en comparación con otras entidades.
Pese a la ausencia de un Consejo Consultivo, el organismo estatal mantuvo una estructura operativa amplia y con presencia regional, lo que le permitió atender quejas, emitir recomendaciones y brindar servicios durante el ejercicio 2024.
Los datos del INEGI permiten dimensionar el contraste entre la fortaleza operativa del organismo y la falta de un mecanismo formal de participación ciudadana, que en otras entidades funge como espacio de deliberación y acompañamiento institucional.