Para consulta sobre educación indígena e inclusiva, en el Congreso de Michoacán quedó cancelado el episodio sobre contratación dudosa de una firma consultora.
Morelia, Michoacán.- En el Congreso de Michoacán quedó cancelado el episodio sobre la contratación dudosa de una firma para la realización de la consulta sobre educación en materia indígena e inclusiva.
En entrevista, la presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación del Estado, Eréndira Isauro Hernández, a pregunta expresa apuntó que las contrataciones previstas en la pasada Legislatura relacionadas a este tema, han quedado descartadas.
Cabe recordar que la LXXVI Legislatura local al igual que la que le antecedió, ha incumplido el mandato de la Corte para que subsane el procedimiento por el que en 2020, la LXXIV Legislatura aprobó contenidos dentro de la Ley de Educación que atañen a las comunidades indígenas y las personas con discapacidad sin consultarlas.
Además, en la referida norma se optó por condicionar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, a la suficiencia presupuestal del Estado.
Las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de las tales disposiciones, por lo que en 2022 los ministros de la SCJN determinaron que el Legislativo michoacano incurrió en ilegalidad al legislar sobre educación indígena, especial e inclusiva sin haber consultado a las comunidades indígenas y de personas con discapacidad, tal y como estaba obligado a hacerlo en temas que les atañen por mandato constitucional.
El PT por presidir en la pasada Legislatura las comisiones de Educación y de Derechos Indígenas en el Congreso, consideró tener mano sobre el dinero que en Cámara se autorizó para dar cumplimiento al asunto (10 millones en 2023 y 7 millones en 2024), para lo que promovió la contratación de lo que se observaba una firma fachada para allegarse del dinero, se trataba de una consultoría de contadores públicos llamada Casavi, domiciliada en una casa de interés social en Oaxaca.
La actual legislatura optó por la creación de una Comisión Especial para atender el caso, la cual, es presidida por Eréndira Isauro quien, subraya que el objetivo que tienen es cumplir con la sentencia de la Suprema Corte.
Informó que ya cuentan con una ruta de trabajo que será presentada ante el Pleno del Congreso luego de su revisión en Mesa Técnica. También prevén reuniones con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con la Secretaría de Educación del Estado, para definir cómo llevar a cabo el proceso.
“No será una tarea sencilla; sin embargo, la ruta que se está planteando busca ofrecer al Instituto Electoral un esquema muy específico que permita realizar la consulta sin generar confusión ni desacuerdos entre las comunidades. La intención es que el proceso se limite estrictamente a lo que fue anulado por la Suprema Corte.
“Por ello, es fundamental definir claramente esta ruta en coordinación y trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos —que fue quien presentó la impugnación—, así como con la Secretaría de Educación y el Instituto Electoral”.
La legisladora informó también que a la Suprema Corte ya se le ha presentado la ruta de trabajo, ello para mantenerla informada de lo que se está haciendo para dar cumplimiento a su sentencia.
“Se trata de una Suprema Corte distinta, con un interés particular en que este tipo de asuntos se resuelvan, y que ya ha trabajado con otros congresos estatales en procesos similares”.
Eréndira Isauro informó también que hasta el momento, no se cuenta con una cifra definida sobre el costo de la consulta ni sobre los recursos que se destinarían al Instituto Electoral para su realización. “Ese será un tema que se abordará más adelante, una vez que se avance en la definición de la ruta de trabajo, ya que el propio Instituto requiere claridad para poder presupuestar”.