La nueva Corte Municipal en Morelia evaluará las multas y clausuras antes de su imposición, garantizando un proceso justo y transparente.
Las multas, clausuras y demás sanciones por infringir reglamentos municipales en Morelia ya no se aplicarían de forma directa por inspectores o dependencias, sino que tendrían que pasar por una audiencia ante una nueva Corte Municipal, de aprobarse el reglamento que ya fue turnado a comisiones del Cabildo municipal.
El dictamen fue enviado a las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana para su estudio y análisis, antes de regresar al Pleno para su eventual votación.
La propuesta establece que ninguna sanción podrá imponerse sin que previamente sea calificada por una persona juzgadora cívica municipal, lo que obligaría a que la ciudadanía comparezca en audiencia antes de que se confirme una multa, una clausura, una demolición o incluso un arresto administrativo.
El reglamento prevé que la Corte Municipal conozca infracciones a diversos reglamentos locales, desde comercio y espectáculos hasta desarrollo urbano, servicios públicos y medio ambiente. En ese espacio se revisaría el acta levantada por el inspector y se determinaría si procede o no la sanción.
Medidas contempladas
Entre las medidas contempladas se incluyen amonestación, multa, arresto hasta por 36 horas, clausura total o definitiva, demolición y trabajo en favor de la comunidad. Este último se plantea como alternativa para sustituir sanciones económicas en ciertos casos.
El proyecto también incorpora la posibilidad de que personas físicas y morales impugnen determinaciones en materia fiscal municipal, como créditos derivados de multas o recargos, mediante recursos que serían resueltos en la propia Corte.
El procedimiento se desarrollaría bajo principios de oralidad, publicidad y concentración en una sola audiencia, con registro digital de las actuaciones. En caso de aceptar la responsabilidad, la persona infractora podría acceder a mecanismos de corrección o regularización.
En los artículos transitorios se plantea que el nuevo esquema entre en vigor el 1 de abril de 2026 y que, a partir de esa fecha, la calificación de infracciones de distintos reglamentos municipales quede en manos exclusivas de jueces cívicos municipales.