Es un principio rector que las reglas sirven, si son acatadas por los actores a quienes están dirigidas, es decir, por quienes las crean, por quienes deben de aplicarlas y por quienes deben de vigilarlas. Sin esta base mínima de acuerdo o consenso colectivo, la vida en sociedad se convertiría en una lucha de supervivencia de los más fuertes o de los más hábiles. Bajo una lógica evolutiva simple, la sobrevivencia de la especia estaría condicionada a la capacidad de adaptación del entorno, es decir, a esa posibilidad de desarrollar, de manera oportuna, una ventaja competitiva o cualidad adaptativa (ya sea por mutaciones genéticas o por el desarrollo de habilidades físicas o cognitivas) que permita responder de mejor forma al ambiente.
Desde esta perspectiva, la idea del pacto social nos permite entender, de forma básica, la importancia de vivir en sociedad, como una mejor forma de enfrentarnos a los retos de una madre naturaleza, que siempre nos muestra lo frágil de la especie humana ante su fuerza y nuestra condición natural que nos pone los pies en la tierra cuando la humanidad quiere jugar a ser dioses (por mencionar de una forma sutil, los avances que en la ciencia y en la tecnología hemos alcanzado con el ingenio: “la razón”). En este sentido, al pensar en Hobbes y su Leviatán, esa obra que habla de la importancia del Estado para evitar el estado de naturaleza al que estamos expuestos sin una autoridad que permita la convivencia social o en Rousseau y su Contrato Social, pienso en la imperiosa necesidad de contar con “algo” (un éter) que haga valer los acuerdos que permitan vivir en comunidad, los cuales en términos de Kant residen en las leyes de los pueblos.
Con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de exigirle al Instituto Nacional Electoral (INE) que le otorgue el registro como candidato presidencial al denominado “Bronco”, bajo una votación dividida por los magistrados que conforman dicho tribunal y con un argumento garantista (es decir, que privilegiaron los Derechos Humanos y Políticos de la persona sobre cualquier otro argumento jurídico); y, con la sentencia, por el otro lado, de regresar al INE a revisar, para proteger el derecho de audiencia y del debido proceso, al denominado “Jaguar”, sin presentar una mínima consistencia con el caso previo, se pone una gran duda entorno al proceso electoral que actualmente se vive en México para elegir al que será el futuro o futura Presidente de la República por los próximos seis años (2018-2024).
¿Por qué hago este planteamiento? No es por una cuestión emotiva, sino analítica; una reflexión que me hace vislumbrar un escenario catastrófico o pesimista del resultado que se tenga en julio próximo de las elecciones presidenciales, sea cual sea. Los argumentos que me llevan a pensar esto son los siguientes:
1.- La decisión del tribunal, formulada como se hizo, no convence a los juristas expertos (es decir, a los abogados más preparados en la materia electoral o en las distintas ramas asociadas). Al no contar con una sentencia con la mínima dosis técnica de pulcritud y solidez técnica, basa su esencia a la valoración e interpretación de un grupo de magistrados; que la revista Proceso en su No. 2163, de esta semana (15 de abril de 2018), muestra sus nexos con el actual gobierno federal. Situación que sólo abona a las teorías ‘conspiracionales’ o del ‘complot’, dando con ello más elementos para desviar la atención de las propuestas de cada uno de los candidatos hacia una agenda centrada más en ‘especulaciones’, ‘calumnias’ o ‘acusaciones’, lo que como espiral viciosa lleva a un mayor descontento de la sociedad general de las instituciones y de quienes las integran, así como a una falta de confianza en las mismas porque no saben si creer en lo que dicen y en lo que hacen o en lo que dicen otros que debían hacer o en lo que otros presumen están haciendo para ayudar a un actor o situación en particular. Con esto, el árbitro y el juez de la contienda electoral, en proceso, quedan expuestos a una crisis real de legitimidad, lo que pone en manos de ¿quién? la calificación de la elección presidencial. Ante qué instancia se podrá acudir para evitar que el resultado de las elecciones quede en manos, como último recurso, de un grupo de jueces o de funcionarios que, por más capaces o profesionales, no tienen la aceptación, el reconocimiento o la credibilidad social, ante millones de mexicanas y de mexicanos.
2.- La crisis de legitimidad a la que se expuso el tribunal con dos sentencias, que no son consistentes a los ojos de las mayorías y del gran colectivo nacional, hace pensar que el dicho “al diablo con sus instituciones” tenga algo de cierto en el contexto actual. Pero ese dicho, no tiene la noble idea de buscar la forma en cómo dotarles de mayor solidez institucional y capacidad técnica para fortalecer a nuestra democracia y darle certeza al sistema político mexicano de elecciones imparciales, organizadas por ciudadanos y con altos niveles de participación democrática. Por el contrario, el argumento de fondo es cuestionar al juez desde antes, para orillarlo a que sí los resultados no le son favorables a un candidato determinado, éste tenga la base justificadora para la resistencia pacífica o la desobediencia civil. En otras palabras, le acaban de dar los elementos para que a quien no esté de acuerdo con los resultados de julio (sean sus preferencias partidistas o colores ideológicos el rojo, azul, verde o moreno), desaté al tigre. Un tigre entendido como los grupos más radicales que puedan tener dispuesto a la violencia o a la confrontación social, cualquiera que sea el que este en desacuerdo con los resultados, lo que no es privativo de algún candidato en particular (aunque ya sabemos quién ha venido amenazando con ello y sus prácticas previas son una muestra de su expertisse en la materia, cuando tomaba pozos petroleros en Tabasco o destrozaba fuentes de empleo al tomar la avenida Reforma de la ciudad capital).
3.- La práctica de que nadie se enteraría porque no interesa o de que sí se enteran muy pocos lo van a entender o nadie lo va a descifrar está muy lejos de la realidad actual. Aunque las campañas no levantes a niveles de resonancia como en antaño se manejaba porque más que procesos electorales competitivos, se administraban campañas triunfalistas al amparo de una maquinaria altamente eficiente, por su base clientelar y corporativista, ha quedado atrás, muy atrás. La decisión de los magistrados con las sentencias comentadas, se ha convertido en el símil, si me lo permiten exponer de manera sutil como dato referencial, de la “primavera árabe” del PRI en México. La indignación colectiva no tiene dimensión. El candidato más afectado de esto es el candidato oficialista, el del partido en el gobierno, quien ha venido a menos en prácticamente todas las encuestas. Las redes sociales son cada vez más críticas, con las reservas que para el caso particular se puedan tener por el auge de las noticias falsas (fake news) o la utilización de replicadores, por grupos expertos que activamente dan seguimiento a los positivos y negativos, para subir/posiciones o bajar/desacreditar a un candidato, partido, coalición o campaña. Pero está primavera a la mexicana, pinta hacia una polarización de extremos, los que siguen a un candidato o los que no lo siguen. El riesgo es que la división entre buenos y malos lleven a situaciones de enfrentamientos postelectorales de quienes no quieran aceptar el triunfo del otro o su propia derrota. De ahí que esta primavera de esperanza y amor (con la bandera de fuera el PRIAN), como dice alguno de los candidatos que ahora encabezan las preferencias electorales, se convierta en un verano de dolor y sangre en las calles, al soltarse el tigre sí no gana y se va a su rancho en Palenque.
Lo anterior es el escenario catastrófico. El escenario pesimista es asumir el determinismo fatalista de un triunfalismo anticipado, cruzarnos de brazos y aceptar que los resultados son definitivos, de que ya se tiene nuevo Presidente y que sólo faltan las elecciones, para cumplir sólo con el trámite. Ante lo cual, no me queda claro si se acabara con la corrupción el 03 de julio (un día después del resultado contundente de las elecciones) o el 02 de diciembre (un día después de tomar el cargo); ni la certeza de que el dólar se mantenga en los niveles actuales o se venga una crisis como la del error de diciembre de 1994 para rebautizarla como el error de julio de 2018; tampoco, si los grandes capitales, con su probada capacidad de gestión (como segundo mejor alcalde del mundo), se queden en el país o haya una crisis en la bolsa por una fuga masiva de capitales; si se convoca al gran proceso de paz y perdón para criminales con una marcha multitudinaria del reclusorio sur al norte pasando por Insurgentes en la Ciudad de México, por mencionar, algunas incógnitas.
Ernesto Navarro.
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