El legislador fue enfático al señalar que el Ejecutivo asumió sus facultades para extinción de Junta de Caminos
Morelia, Michoacán.- “Si los trabajadores (de la Junta de Caminos) a alguien tienen que culpar fue la omisión que cometió la presidenta de la Comisión y a ella le deben que haya tenido que decretar el Ejecutivo la extinción. Yo no se qué explicación les va a dar la presidenta a todos los trabajadores por no dictaminar. Ella fue omisa y ante esa omisión el Ejecutivo tomó su decisión”.
Así lo expuso el diputado Antonio Soto Sánchez, al referirse a la diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso de Michoacán, encargada de revisar y dictaminar el tema de la Junta de Caminos y que dejó de sesionar por un periodo amplio de aproximadamente tres meses, debido a un accidente que sufrió la legisladora.
Y es que el lunes pasado que en el Periódico Oficial del Estado, se publicó el decreto de extinción de la Junta de Caminos, situación que fue repudiada por los trabajadores y algunos legisladores e incluso, se dieron declaraciones en las que se recordó que el decreto de creación de la Junta fue del Legislativo y solo ese Poder lo podía extinguir.
Sin embargo, Soto Sánchez, explicó que el Ejecutivo hizo uso de las facultades que le otorga la Ley de la Administración Pública del Estado y que norma a los Organismos Públicos Descentralizados, debido a que el Poder Legislativo fue omiso ante el decreto que envió a principio del año para extinguir la dependencia.
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“Tiene facultades el Ejecutivo, hubo una iniciativa de ley enviada por el ejecutivo y fuimos omisos, dejamos transcurrir 90 días más meses y por eso solicité que el pleno autorizara por omisión de la presidencia la prórroga, pero ya también estábamos fuera de tiempo, violamos el procedimiento legislativo porque no cumplimos y al no cumplir el Ejecutivo tiene facultades legales para tomar la decisión con un carácter administrativo”, explicó.
Soto Sánchez, también integrante de la Comisión de Gobernación, recordó que lo procedente es una controversia (si es que al Legislativo no le gusta la decisión del gobernador) entre los dos Poderes para discutir el tema o que alguna instancia superior decida quién tiene la razón.
Al ser Antonio Soto, diputado perredista y cercano al mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que si el Congreso se decide por la controversia, un Tribunal Constitucional le dará la razón al Ejecutivo, al insistir en que se violaron los tiempos y hubo omisiones por parte de la Comisión de Gobernación.