Morelia, Michoacán.-Existe poca claridad en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán en cuanto al cobro de servicios de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE) para que personas violentadas acudan a realizarse pruebas médicas, señalan integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y de la asociación civil Humanas Sin Violencia.
Tras la aprobación de este miércoles a la Ley de Ingresos, por parte del Congreso estatal, representantes de la CEDH indican que deben hacerse las precisiones correspondientes, ya que con lo que se ha revelado pareciera que generará un cobro para la población en cuanto a las certificiaciones tanto médicas como psicológicas cada que un individuo violentado ya sea hombre o mujer, desee realizar una denuncia y que se de inicio a una investigación.
Por su parte autoridades de la PGJE mediante un comunicado señaló que los cobros que establece esta Ley no irán dirigidos a toda aquella víctima que asiste a la dependencia a levantar una denuncia, solo a aquellas personas que requieren certificación o análisis sin ser parte de una investigación o denuncia.
La CEDH explicó que tal medida,de momento no ha generado quejas entre la población, pero refirió que las cuotas no aplicarían para las víctimas, pero si a terceras personas que estén interesadas en someterse a valoraciones.
De igual forma, representantes de la organización Humanas Sin Violencia, coinciden en que hay poca claridad sobre estos cobros, por lo que expresaron que la medida dejaría en desventaja ante la PGJE a toda aquella mujeres que acuda a la dependencia a solicitar servicios de apoyo.
Explicó que en cuanto un caso particular como lo es la prueba de paternidad, es un proceso que por lo general es emprendido por féminas, por lo que en la mayoría de los casos la carga económica recae en las mujeres, lo cual es una situación de violencia.