Foto archivo: Raúl Tinoco

Morelia, Michoacán.-Desde el Congreso de Michoacán se pretende impedir que en la próxima legislatura ningún trabajador sea basificado, ante la carga de laudos laborales que ha venido arrastrando con el paso de los años dicho poder.

Esto, debido a que actualmente el Congreso de Michoacán adeuda cerca de 30 millones de pesos, correspondientes a 80 demandas interpuestas por ex trabajadores de confianza de pasadas legislaturas.

Foto: Ismael Díaz/ Contramuro

Lo anterior fue dado a conocer en abril del presente año por el diputado emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Carlos López García, quien en entrevista con Contramuro.

Ante este escenario, el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Ángel Villegas Soto subrayó la urgencia de depurar la plantilla laboral que presenta el Congreso, considerando que actualmente en el Legislativo operan alrededor de 800 trabajadores.

“Lo que se está proponiendo es no basificar más, o sea que esta legislatura no basifique a ningún trabajador en cuanto nosotros salgados, y también congelar las plazas que queden desocupadas con la finalidad de ir disminuyendo el gasto corriente”, subrayó el diputado al mostrar cierto desconocimiento en torno a cuántas plazas podrían congelarse de manera definitiva.

Foto: Archivo/Ismael Díaz

Reconoció que de proceder a establecer depuraciones en las áreas que se encuentren sobresaturadas, el Congreso no contaría con las posibilidades de liquidar al determinado número de trabajadores que sean despedidos.

No obstante, recalcó que al impedir que las basificaciones se sigan registrando, las finanzas del Poder Legislativo podrían sanearse de manera paulatina.

Aunado a esta acción, se espera que 800 trabajadores de confianza se vean limitados a recibir sus respectivas prestaciones. Ello, debido a que el Congreso podría cerrar el presente año con un déficit de 35 millones de pesos, de acuerdo con el diputado, Roberto Carlos López García.

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Bajo este panorama, el Congreso local está ubicado como el tercero más caro del país, apenas por debajo de los congresos del Estado de México y la Ciudad de México, con base en un informe generado por el Instituto Mexicano de la competitividad (Imco).