Familias denuncian desaparición forzada en Irimbo y exigen justicia; Acusan a policías municipales de colusión con el crimen organizado.
Diez meses después de la desaparición forzada de dos jóvenes en el municipio de Irimbo, sus familias denunciaron que el caso permanece estancado pese a la existencia de videos, testimonios y denuncias formales que apuntan a la participación de la policía municipal y a una presunta colusión con el crimen organizado.
Carlos Eduardo Becerra Ortiz y Javier Hueta García fueron vistos por última vez el 21 de marzo del año pasado, tras una persecución en la que intervinieron patrullas municipales. De acuerdo con lo expuesto públicamente, cuatro jóvenes viajaban en el vehículo interceptado; dos lograron escapar y dos más fueron privados de la libertad, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
En una conferencia de prensa realizada en la sede del PRI Michoacán, Wendy Ortiz Medina y Enriqueta Hueta García, madres de los jóvenes desaparecidos, relataron un prolongado camino de negligencia y revictimización. Señalaron que, pese a acudir a las instancias correspondientes, no han recibido respuestas claras ni avances sustanciales en las investigaciones.
“Queremos saber dónde están nuestros hijos”, reiteraron, al sostener que existen responsables plenamente identificables.
Las familias subrayaron que la desaparición ocurrió con participación de patrullas oficiales, lo que convierte el caso en un presunto hecho de desaparición forzada. Rechazaron cualquier intento de estigmatizar a los jóvenes y enfatizaron que ninguna autoridad tiene derecho a desaparecer personas, independientemente de las circunstancias.
El dirigente estatal del PRI y diputado local, Memo Valencia, sostuvo que los materiales audiovisuales difundidos muestran coordinación entre policías municipales de Irimbo y grupos delictivos. Afirmó que esos mismos vehículos fueron utilizados para intimidar a integrantes de su equipo durante el proceso electoral, lo que, dijo, evidencia un control criminal sobre la vida pública del municipio.
Valencia afirmó que hubo denuncias, alertas de búsqueda y declaraciones de los jóvenes que lograron huir, sin que la Fiscalía actuara con eficacia. Señaló directamente al entonces fiscal Adrián López Solís por omisiones que, a su juicio, abonaron a un escenario de impunidad. En contraste, exhortó al actual fiscal, Carlos Torres Piña, a reactivar el caso y proceder contra los policías implicados, el mando de Seguridad Pública y las autoridades municipales, a quienes atribuyó responsabilidad por acción u omisión.
Durante el encuentro también se cuestionó la falta de resultados en materia legislativa para atender la crisis de desapariciones en Michoacán. Valencia sostuvo que el problema no es la ausencia de leyes, sino la falta de aplicación de las ya existentes frente a delitos como abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y desaparición de personas.
Las madres insistieron en que no desistirán de su exigencia de justicia y verdad, y advirtieron que continuarán visibilizando el caso hasta conocer el destino de Carlos Eduardo Becerra Ortiz y Javier Huerta García.