El Cabildo de Morelia aprueba la desincorporación de predios, pese a las irregularidades denunciadas por PRI y Morena, comprometiendo el patrimonio municipal.
Morelia, Michoacán.-Con la oposición de PRI y Morena, quienes señalaron irregularidades, omisiones técnicas y posibles responsabilidades administrativas, el Cabildo de Morelia, presidido por Alfonso Martínez Alcázar, aprobó la desincorporación de 46 predios, con el fin de venderlos a desarrolladores y sanear las finanzas municipales.
En sesión pública, este lunes, las regidoras Mariana Orozco, de Morena, y Edna Martínez Nambo, del PRI, fijaron postura en contra del dictamen para desincorporar y enajenar estos 46 bienes inmuebles propiedad del municipio de Morelia, aprobado en comisiones fast track, según dijeron.
Mariana Orozco advirtió que el dictamen “más importante del ejercicio fiscal 2025” llegó a las comisiones sin cumplir los tiempos ni requisitos que marca la normativa interna, al haber sido remitido a las 11:30 de la noche del jueves previo y con anexos incompletos entregados hasta el día de la votación en comisión.
Detalló que el artículo 159 de la Ley Orgánica Municipal exige tres elementos para la desincorporación de bienes de dominio público: dictamen que la justifique, localización y mapas, y especificación del aprovechamiento.
“Sólo contamos con uno”, dijo, al señalar que, de acuerdo con el propio director de Patrimonio, no se contaba con los dictámenes individualizados ni con la justificación completa, pese a tratarse de 46 predios distintos.
La regidora de Morena subrayó que, de aprobarse en esas condiciones, los funcionarios y ediles involucrados podrían incurrir en responsabilidades administrativas, por lo que exhortó a la Auditoría Superior de Michoacán a dar seguimiento puntual al caso y advirtió que incluso podría proceder un juicio de nulidad desde el acto y la notificación.
Uno de los datos más relevantes expuestos fue el manejo del valor de los predios. Orozco acusó que el anexo propone desincorporar bienes a valor catastral y no comercial, lo que calificó como “una burla” para la ciudadanía.
Puso como ejemplo un predio en Cumbres de la Toscana, con una superficie de 9 mil 604 metros cuadrados, valuado catastralmente en 22 centavos, con un cobro estimado de 2 mil 112 pesos, cuando su valor comercial, dijo, rondaría los 2 millones 401 mil pesos.
Otro caso fue un predio en Chapultepec Oriente, de 920 metros cuadrados, con valor catastral de 500 pesos, frente a un valor comercial estimado en más de 9 millones de pesos.
También cuestionó que algunos inmuebles carecen incluso de valor catastral en el listado, como un predio en la zona de abastos, y señaló que debió ser el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales quien determinara los valores.
A ello sumó que no se acredita que los predios hayan dejado de ser útiles para el servicio público, requisito indispensable para su desincorporación.
Desde el enfoque político, Orozco vinculó la intención de vender patrimonio municipal con la falta de planeación financiera del Ayuntamiento.
“Si necesitamos vender el patrimonio de los morelianos para subsanar pasivos, ¿qué fin tuvieron los créditos aprobados a corto y largo plazo?”, cuestionó, y recordó los intentos del exgobernador Silvano Aureoles de desincorporar predios estatales, iniciativas que fueron bloqueadas por Morena.
Aludió además a que Aureoles enfrenta actualmente una orden de aprehensión por delitos como peculado y administración fraudulenta, como antecedente que, dijo, no debe repetirse.
En contraste, la síndica municipal Susan Melissa Vásquez Pérez defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que la Sindicatura actuó como guardiana del patrimonio municipal, estableciendo tres filtros previos para la desincorporación: que los predios no fueran áreas verdes, que no estuvieran destinados ni equipados para servicios urbanos y que no fueran necesarios, ni en el presente ni a futuro, para obras como escuelas, hospitales o espacios deportivos.
Aseguró que la Dirección de Patrimonio Municipal emitió dictámenes de no utilidad práctica para los inmuebles y que dicha información fue puesta a consideración de las regidoras y regidores en reuniones previas a la sesión.
Sobre el valor de los predios, afirmó que el monto catastral incluido en el anexo es el que la ley permite en esta etapa y aclaró que la sesión no autorizó la venta, sino únicamente la desincorporación, por lo que la eventual enajenación se realizaría, dijo, a valor comercial y con plena transparencia sobre los ingresos que obtendría el Ayuntamiento.
Mariana Orozco reviró que, de acuerdo con lo expuesto en la mesa técnica, la intención real es entregar áreas de donación a desarrolladores para cumplir compromisos financieros, y sostuvo que el procedimiento “no sólo está mal, está mal hecho”, al no atender criterios derivados de controversias constitucionales que, afirmó, deberían observarse para evitar responsabilidades directas de las y los integrantes del Cabildo.
En la misma sesión, la regidora priísta Edna Martínez Nambo respaldó el rechazo al dictamen y abundó en inconsistencias técnicas y jurídicas.
Expuso que el listado de los 46 predios fue entregado de manera incompleta y tardía, lo que le impidió un análisis adecuado.
Aun así, realizó visitas de campo a al menos tres predios, con superficies superiores a los 3 mil metros cuadrados, que consideró aptos para servicios o espacios públicos, dadas las características y densidad poblacional de sus zonas.
Martínez Nambo advirtió que el dictamen carece de fichas técnicas, avalúos individualizados y análisis urbano o social que acrediten la no utilidad pública de cada inmueble.
Alertó además sobre inconsistencias aritméticas en el propio anexo, donde las cifras de superficie total y valor catastral no coinciden: un apartado consigna 686 mil 228.52 metros cuadrados y un valor de 118.5 millones de pesos, mientras otro señala 686 mil 318.16 metros cuadrados y un valor distinto, de 120.7 millones de pesos.
Entre los ejemplos expuestos por la priista destacan predios de gran extensión, como uno en el ejido Francisco J. Múgica, de más de 235 mil metros cuadrados con valor catastral aproximado de 47 millones de pesos; otro en Cuitzillo el Grande, de 160 mil metros cuadrados; uno más en Jardines de Villalongín, de 23 mil metros cuadrados, y otro en Villas de Oriente II, de más de 15 mil metros cuadrados, todos sin una ubicación técnica clara en el listado.
Ambas regidoras coincidieron en que la desincorporación y venta de estos bienes podría comprometer el patrimonio municipal y generar consecuencias legales, administrativas y políticas para quienes voten a favor.
“El patrimonio no se vende”, sostuvo Martínez Nambo, al advertir que se trata de hectáreas que podrían destinarse a mercados, escuelas, espacios deportivos o áreas verdes para las colonias de Morelia.