Un efecto de la disputa política entre el presidente y sus adversarios es la manera como está afectando las posibilidades de que la sociedad mexicana tenga una información clara sobre la realidad del país y, sobre todo, una conciencia precisa de lo que le corresponde hacer.
El retiro del tradicional apoyo (legal e ilegal) del gobierno a los medios ha ocasionado que estos se dediquen de forma sistemática a desinformar sobre las acciones del gobierno y, en general, sobre lo que pasa en México. La desinformación cunde a través de notas parciales, distorsiones, ocultamientos, francos ataques y mera falsedad (las fake news). Los columnistas se dedican con desenfreno a repetir rumores y juicios sumarios.
Es de suponer que grupos políticos e intereses económicos igualmente afectados por medidas del gobierno (como la recuperación de miles de millones de impuestos condonados a grandes empresas en el pasado o la obligatoriedad del etiquetado frontal) estén apoyando subrepticiamente a los medios.
El gobierno cancela beneficios y privilegios a revistas y editoriales (las de Aguilar Camín y Enrique Krauze) y los afectados responden que el Presidente no soporta la crítica y atenta contra la libertad de expresión. Un diario inglés (The Economist) se hace eco de este manejo. ¿Quieren decir que si les regresan los apoyos ya no van a ser críticos con el Presidente?
Tan naturalizada estaba la relación de connivencia entre el gobierno y los medios y el poder empresarial en general que parece no haber otra alternativa para resolver el diferendo actual que restablecer las prácticas del dispendio y la corrupción (el famoso “chayote”). ¿No hay manera de contar con periodistas, comunicadores o intelectuales que puedan poner en suspenso sus intereses personales o de grupo y ofrecer al país información completa y un análisis lo más objetivo posible de lo que pasa en México?
Me temo que la respuesta parece ser “no”, lo cual evidencia de forma preocupante la crisis profunda en la que el proyecto de transformación del país ha sumido al sector intelectual y, en general, a la clase media y al empresariado (que parecen haber vivido siempre de apoyos y prebendas del gobierno, a despecho del crecimiento exponencial de la pobreza nacional). Un ejemplo de lo desconcertante que puede resultar el cambio político para los medios es la pérdida de rumbo de la revista Proceso. Desde que nació, su identidad fue la de ser opositora al gobierno. Ahora no sabe qué es.
México requiere la redefinición del campo comunicativo e intelectual y la invención de medios, analistas e intelectuales que no valoren su trabajo por los beneficios económicos o políticos que les proporcionen, sino por sus valores intrínsecos: por la manera en que pueden contribuir al desarrollo de una sociedad y una ciudadanía más madura, informada, participativa y verdaderamente crítica.
En verdad, esta es una tarea de todos: saber poner por encima, o al menos no por debajo, los intereses generales del país y reencontrar los principios básicos, ético-políticos —razón, verdad, justicia, igualdad, dignidad— que deben normar nuestra conducta. Ciertos sectores de la sociedad mexicana parecen haber perdido el sentido y todo asidero mental (como la surrealista protesta del llamado Frena). En verdad, lo primero que se requiere es entender todos, o volver a entender, qué significan “interés general” y “principios de conducta”. Probablemente estas sean tareas que solo la próxima generación podrá llegar a cumplir cabalmente.
Por otra parte, existe responsabilidad en el propio gobierno de la crisis de desinformación que padecemos. Si bien es entendible la decisión del Presidente de hacer valer su opinión y la defensa de sus acciones ante adversarios y medios opositores, y también que las conferencias matutinas le reditúan beneficios políticos importantes, resulta no obstante necesario que se ofrezca en las mismas más información relevante y objetiva. A veces se informa con tal exceso de detalles que el significado real y el alcance de las acciones y las políticas del gobierno se pierde. Más efectivo que un juicio lapidario del Presidente contra los medios o los corruptos es que se informe de las cantidades desproporcionadas, fuera de toda decencia y sentido, con las que eran beneficiados en el pasado.
En general, pareciera que el Presidente no tiene buenos asesores, o que no se atreven a ofrecerle su apoyo o que él no lo acepta. Pero el caso es que desaprovechó recientemente la oportunidad valiosa que tuvo de presentar lo mejor de su concepción política y social en el mensaje que trasmitió a las Naciones Unidas. Ofreció un discurso sobre asuntos menores y locales en lugar de ubicarse como un líder mundial en la lucha por la justicia global, que algunos dicen que es.
Si el Presidente no se deja ayudar o sus ayudantes son igual de despistados que él, no va ser necesario que la oposición se recomponga para que este gobierno pierda el rumbo. Solito lo va a hacer. Pero el fracaso del gobierno actual, teniendo bien conocidas las otras opciones, no será en beneficio de nadie y sí en perjuicio de todos. Los grandes proyectos de la llamada cuarta transformación —acabar con la corrupción y la injusticia, atenuar la lacerante desigualdad social— bien valen la pena para que el propio Presidente atienda la crítica y para que, a la vez, esta pueda ser lo más objetiva y constructiva posible, es decir, conforme a principios y según el interés general de la Nación, del pueblo, de todos..