La ASF detecta irregularidades en participaciones federales en Michoacán de 2024, destacando deficiencias contables y pagos indebidos en el Poder Judicial.
Morelia, Michoacán.- En la fiscalización a la Cuenta Pública de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de los recursos provenientes de las participaciones federales en Michoacán, principalmente en el Poder Judicial del Estado.
Conforme al informe de auditoría de cumplimiento realizado por el organismo fiscalizador al Gobierno del Estado de Michoacán, en 2024 la Federación transfirió a la entidad un total de 42.1 mil millones de pesos por participaciones. De esa cantidad, 32.4 mil millones fueron administrados directamente por el Gobierno del Estado, mientras que 9.6 mil millones se distribuyeron a los municipios. La ASF revisó el 75.7% de los recursos asignados al estado.
Al cierre de 2024, el gobierno estatal había ejercido el 95.2% de los recursos disponibles, no obstante la Auditoría identificó un saldo pendiente por 1.5 mil millones de pesos, integrado por 626.5 millones destinados al pago de laudos judiciales y 927.5 millones que aún no habían sido ejercidos al momento del corte de la auditoría.
En la revisión se formularon diversas observaciones relacionadas con el control y registro del gasto público, una de las principales, se refiere a deficiencias en los registros contables de los recursos de participaciones federales en distintos organismos ejecutores del gasto. De los 45 ejecutores que recibieron transferencias estatales, 24 no presentaron registros contables diferenciados, lo que impidió identificar con claridad las erogaciones realizadas con esos recursos.
También, la Auditoría realizó observaciones al manejo de la nómina y los pagos al personal en diversas dependencias y organismos públicos. Se identificaron pagos a trabajadores con categorías de puesto no autorizadas, percepciones superiores a las establecidas en los tabuladores, así como pagos realizados después de la baja del trabajador o durante licencias sin goce de sueldo.
No obstante, las observaciones más relevantes se concentraron en el Poder Judicial del Estado, donde se detectaron pagos a trabajadores con categorías de puesto sin autorización, empleados no registrados en la plantilla oficial y percepciones superiores a los montos permitidos en los tabuladores salariales. Aunque parte de estas irregularidades fue aclarada, quedó pendiente de comprobar, justificar o reintegrar un monto de 29.4 millones de pesos, debido a la falta de documentación completa, como pólizas contables, estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias electrónicas y comprobantes fiscales digitales que acreditaran las erogaciones.
En su revisión, la ASF identificó inconsistencias en información relacionada con adquisiciones, arrendamientos y servicios, en particular en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que reportó contratos por un monto superior al que pudo comprobarse en sus registros financieros, lo que evidenció deficiencias en los controles administrativos y en la congruencia de la información reportada. Esta situación derivó en la promoción de una responsabilidad administrativa sancionatoria para que el órgano interno de control investigue posibles irregularidades cometidas por servidores públicos.