Exploramos el dilema educativo en Michoacán: ¿debería priorizarse agradar al gobierno central o resolver problemas desde lo local?
Qué importante es, cuando se ejerce un cargo público, asumirse como el primer garante de los derechos humanos del universo poblacional al que se debe beneficiar. Ante la ley ya se es, pero la responsabilidad del funcionariado se debe introyectar profundamente e impedir que los intereses particulares se impongan a una larga agenda pública llena de olvido, abandono, rezago, omisión, desprecio y corrupción gubernamentales.
Hay un dilema clásico al respecto: ¿se deben entregar cuentas alegres o se debe exponer la realidad imperante en las escuelas de nuestra entidad federativa para sensibilizar, gestionar ayuda y poder resolver la problemática?
Sin duda, quien manifiesta que todo es miel sobre hojuelas hace networking, cae bien, genera intercambios de conveniencias temporales, mientras inyecta combustible a su carrera política.
En contraste, manifestar la problemática puede convertir en un emisario mal visto entre la clase política-gubernamental, que quiere todo lo bueno del poder: regalos, fotos, paseos, negocios y ofrendas para el tlatoani del sistema educativo nacional: todo, excepto problemas.
Específicamente, en el sector educativo existe una costumbre que data de varias décadas atrás, consistente en que los titulares de las dependencias educativas de las entidades federativas acuden a Ciudad de México a visitar al titular de la SEP, con quien siempre hay fotos amables y comunicados estatales mencionando acuerdos maravillosos que casi nunca benefician a las niñas, niños y jóvenes.
Es natural que, estos comunicados respondan más a los intereses particulares de los actores gubernamentales en cuestión, por lo que es fácilmente comprensible el desdén que manifiestan a reunirse con los agentes educativos locales directamente; esa actividad es delegable. En cambio, salir en una foto con el titular de la SEP, al igual que aparecer en algún video discursando, bailando o entregando apoyos sociales pagados con el erario eso si que es indelegable y de máxima prioridad.
Lo anterior cobra mayor sentido, porque, en el marco de la reciente reunión entre las personas titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación en el Estado, se dio a conocer un comunicado donde no se trasluce una agenda estatal, sino el llano seguimiento a los programas establecidos desde el gobierno federal, en una clara relación centro-periferia, en donde llega por goteo la solución estandarizada para la problemática educativa nacional que ha dispuesto verticalmente para este 2025 el régimen mexicano.
En cambio, para la población preocupada por el porvenir educativo de nuestra nación y de nuestro estado en particular, el dilema sí surge: ¿Prevalece la pasión por agradar al encargado de la política educativa nacional – sin olvidar que, el titular de la SEP viene de ser el coordinador general de la campaña presidencial- o la voluntad de asumirse como primer respondiente para resolver un rezago de muchos años?
Particularmente, la situación educativa estatal es del dominio público desde hace varias décadas. Frecuentemente, maculada con pinceladas de nota roja. Cualquiera sospecharía de quien diga que todo es coser, cantar y divertirse en las escuelas de nuestras comunidades más alejadas y abandonadas.
Especialmente, se debería guardar escepticismo respecto al estado de los aprendizajes que logran los estudiantes en las escuelas de nuestro estado, del cumplimiento del calendario escolar, de la posesión de la rectoría educativa, de la pulcritud de la nómina educativa, de los procesos de ingreso, permanencia, promoción, permuta y jubilación magisteriales y de la dignificación de los planteles educativos.
La agenda tratada habla de escasos tres ejes: aspectos laborales, fortalecimiento institucional e impulso pedagógico, en donde lo que menos aparece precisamente es el aprendizaje; pero, tampoco la convivencia escolar, mucho menos, la seguridad que tanto se requiere hoy en día para poder llegar a la escuela y recoger a nuestros hijos.
Inexplicablemente, no se hace referencia a los derechos educativos, bajo un enfoque de triple inclusión: a los derechos a estar, aprender y participar en las escuelas de todas las niñas, niños y jóvenes.
Esto es, a su vez, el corazón del objeto social de nuestra organización de activismo e incidencia, Mexicanos Primero, cuyo capítulo Michoacán monitorea las prácticas gubernamentales desde 2009, proponiendo medidas de política pública para resolver la problemática que impera en la entidad federativa.
En contraste, los puntos tratados son espejo de los programas nacionales, sin una impronta estatal propia, consecuencia, entre muchos otros factores, de la ausencia de un Programa Sectorial de Educación debidamente consultado y abierto a la más amplia participación de los agentes educativos estatales.
Lo que hay es un documento de escritorio, sin identidad, corazón ni pulso social. Figúrense: no tiene metas relacionadas con el aprendizaje y se auto propusieron como objetivo estratégico pagar las quincenas de los trabajadores, como si ello fuera una meta educativa y no una obligación patronal.
Las consecuencias están a la vista. Leer para entender. Están las inserciones en los medios a disposición, así como los documentos de planeación para ser consultados.
Más aún: si la agenda pública de este tipo de reuniones es tan precaria y kafkiana a la vez, mientras que los resultados son francamente pírricos, el cuestionamiento va sobre las finalidades profundas de estas reuniones; es decir, sobre la agenda confidencial tratada. Deberían de ser totalmente transparentes y públicos este tipo de encuentros, así como los temas tratados y los acuerdos tomados.
Incluso, la CNTE presenta un pliego petitorio públicamente, en plena congruencia y rindiendo cuentas a sus agremiados.
En cambio, la autoridad educativa estatal no dice con claridad qué es lo que va a gestionar a Ciudad de México. Por ende, debería proactivamente dar a conocer los pliegos petitorios, los oficios de solicitudes y las peticiones que se realizan al gobierno federal, para conocer el estado que guarda el proceso de solución de cuestiones atávicas como la precariedad de la infraestructura física educativa, su mantenimiento, equipamiento, dotación de servicios y conectividad, bajo enfoques de inclusión y universalidad, así como la federalización de la nómina magisterial, que brindaría una solución integral a la insuficiencia presupuestal que existe en un estado endeudado y con presupuesto deficitario.
Bajo ese enfoque de exposición pública de gestiones y transparencia en el seguimiento de acuerdos, este tipo de reuniones serían mucho más relevantes para la sociedad estatal y sus resultados serían de interés público inmediato.
De no seguirse transparentando las peticiones entregadas y los documentos de acuse de recibido, la apariencia seguirá siendo de que se entablan encuentros a manera de relaciones públicas y de beneficios específicos para los personajes intervinientes. Justo, el concepto de agenda confidencial al que hacemos referencia cuando se encuentran las cúpulas magisteriales con funcionarios, a sabiendas de que su pliego petitorio -agenda pública- es francamente irresoluble con las atribuciones y presupuesto de un gobierno estatal.
Es tiempo de dejar aparentar por agradar al gobierno central y enfocarse en resolver desde lo local. Por supuesto, lo mencionado en esta entrega aplica para las 32 entidades federativas.
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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C