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Para detener el incremento de la deuda pública y los pasivos es necesario reformar nuevamente la Ley Orgánica de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del estado con la finalidad de eliminar o suprimir secretarías o dependencias que duplican funciones o programas, afirmó Yarabí Ávila González, diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) consideró que ante información proporcionada por el Centro de Evaluación de Michoacán (CEMIDE) se debe de hacer un análisis y reflexión de realmente reducir el número de secretarías en base a funciones para que no se dupliquen tareas para estabilizar las finanzas del estado.

Recordó que cuando fue funcionaria de la subsecretaría de Administración de realizaron propuestas de fusiones de dependencias del sector central pero existieron “resistencias de algunas cuestiones sindicales, pero considero que es importante trabajar en equipo y en cada uno de los trabajadores se puede avanzar, pero si hay dependencias que se empalman con actividades que realizan otras secretarías”.

La legisladora por el distrito 10 de Morelia comentó que desde la Secretaría de Finanzas se había hecho una propuesta como fusionar algunos departamentos, porque es importante una reestructuración del sector burocrático para eficientar los recursos y evidentemente simplificar los trámites ante las mismas oficinas de gobierno.

Se sumó a las voces de otros legisladores de que se requiere de un informe financiero por parte del secretario de Finanzas del Gobierno de Michoacán, Carlos Maldonado, sobre a cuánto asciende el monto de la deuda, y los pasivos contratados por el actual gobierno estatal del PRD.

Consideró que debe de informar el secretario de Finanzas a la opinión pública sobre si es verdad o no los datos de CEMIDE respecto a que aumento ya la deuda a corto plazo por el orden de los 10 mil millones de pesos.

Finalmente, dijo que se pedirá a la Auditoría Superior de Michoacán auditar en el plan de fiscalización a arrancarse en el mes de julio el rubro de la deuda pública y pedir que se fiscalice en los términos en que se contrató nuevo endeudamiento.