Morelia, Michoacán.- En el año de 1917, apareció por primera vez el tema de la educación en una constitución, desde un principio se ha caracterizado por ser laica y gratuita, de esto habla el artículo tercero de la constitución. Sin embargo, con el paso de los años dicha garantía constitucional parece haber quedado en tan sólo letra muerta.
“La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria”, reza el artículo constitucional previamente señalado.
Esta garantía también se contempla en la Ley de Educación para el Estado de Michoacán, en su capítulo tercero, “Características de la Educación”, en los artículos sexto y séptimo, mismos que a la letra señalan que: “Artículo 6.- La educación que imparta el Estado será laica, gratuita, humanista, científica, universal, integral, democrática, nacional y de calidad, considerando al educando como persona central y sujeto activo del proceso educativo. Artículo
7.- “El Estado está obligado a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior de calidad a todos los habitantes, garantizando el máximo logro de aprendizaje de los educandos, además de promover la educación inicial, educación especial, la educación indígena y otros servicios educativos”.
De esta forma, podemos observar que ésta realmente no se aplica, pues en la gran mayoría de escuelas se cobran las famosas inscripciones y cuotas “voluntarias”, sin embargo, estas más que parecer “voluntarias” parecieran obligatorias, puesto que en algunas escuelas van desde los 100 hasta los 500 pesos por alumno.
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Pese a los reiterados esfuerzos de las autoridades educativas tanto estatales como federales por contrarrestar este sistema de cobros en las escuelas públicas de nivel básico, dicha práctica no ha terminado de erradicarse a través de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).
De igual forma, pese a que las autoridades educativas en Michoacán han reiterado que seguirán apoyando con el tema de uniformes, calzado, además de útiles escolares a los niños, en algunos de los casos, los apoyos gubernamentales parecen ser insuficientes como para responder a las necesidades que enfrenta la entidad en esta materia.
Todo esto, sin contar que en el transcurso del ciclo escolar las cuotas que se solicitan para diversas actividades al interior de las escuelas llega incluso a ascender hasta los mil 500 pesos anuales por alumno, pero todo esto bajo la figura de “La Sociedad de Padres de Familia”, ya que al ser estos un grupo de padres de familia no oficiales, la institución educativa se desmarca por completo de todas estas “cuotas voluntarias”.
Lo mismo pasa en el nivel medio, media superior y superior, es decir, secundarias, preparatorias o bachilleratos y universidades, en donde no se ha respetado de ninguna forma el tema de la gratuidad, convirtiéndose así en uno de los principales problemas que padece el sector educativo.
¿Gratuidad en la UMSNH?
Otro de los temas que se incumplen es la gratuidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ya que año tras año se tiene que pagar una “cuota” de inscripción y reinscripción que llega hasta los dos mil 750 pesos por alumno, de manera que al contabilizar el cobro aplicado sobre los aproximadamente 53 mil alumnos de la institución, la máxima casa de estudios percibe anualmente cerca de 137 millones 500 mil pesos.
En este caso, para los alumnos de nuevo ingreso también son diversos pagos los que tiene que hacer, entre ellos la inscripción con un costo de dos mil 750 pesos, los exámenes de ingreso mil 760 pesos, la credencialización con un costo de 190 pesos, los cursos propedéuticos que cuestan dos mil 50, el pago de cooperación a bibliotecas que asciende a 150 pesos y un examen médico de un valor de 355 pesos. En sumatoria, cada alumno de nuevo ingreso debe desembolsar la cantidad de siete mil 255 pesos aproximadamente.
Es importante mencionar que muchos de los jóvenes que han solicitado les sean condonados algunos de los pagos, son enviados con grupos y organizaciones estudiantiles como la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) o el Movimiento de Aspirantes y Rechazados (MAR), diciéndoles que efectivamente se les ayudará pero que deben acudir a marchas y manifestaciones.
Ante este escenario, resulta contrastante que mientras se presume de gratuidad educativa a través de la Constitución, la realidad que enfrenta el estudiantado en el estado y de manera general al interior del país, no responde a las garantías constitucionales en vigencia.