Entre los años de 1910 y 1920, algunos grupos religiosos estadounidenses -particularmente la iglesia metodista norteamericana- iniciaron una fuerte campaña para desterrar el consumo de alcohol y sus perniciosas consecuencias en los Estados Unidos. El objetivo era lograr que se incluyera en la Ley la prohibición total de la producción, distribución y consumo de alcohol.
Las mujeres fueron particularmente activas en esta campaña. Por ejemplo, la activista Elizabeth Thompson, en el estado de Ohio, encabezaba grupos de mujeres que acudían a las tabernas y se arrodillaban para orar en la entrada. Esto desató grandes críticas a los dueños de estos establecimientos y muchos de ellos decidieron cerrar.
Finalmente el 16 de enero de 1920 se logró el objetivo. Mediante la Enmienda 18, la llamada Ley Volstead prohibió la producción, distribución, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en Estados Unidos. Esta ley estuvo vigente hasta el 5 de diciembre de 1933, cuando la Enmienda 21 puso fin a la era de la prohibición.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la política prohibicionista en esa segunda década del siglo XX en Estados Unidos? Prácticamente una imagen de espejo de la situación actual en nuestro país. Como aquí sucede con el combate a las drogas, se desató allá una gran violencia relacionada con el tráfico clandestino de esa substancia. Se crearon grupos organizados para traficar con el alcohol, grandes mafias (hoy decimos carteles) y figuras alcanzaron relevancia, como el célebre Al Capone, que seguro nos hace recordar a personajes muy en la memoria popular aquí en nuestro país en la actualidad.
Igualmente, empezaron a proliferar grupos delictivos que extorsionaban a personas y negocios, vendiendo protección; los enfrentamientos sangrientos y ejecuciones públicas entre bandas de traficantes eran cosa cotidiana. Hubo también como aquí gran corrupción de policías y autoridades de diferentes niveles, y la producción clandestina de alcohol se disparó. Y por supuesto, el consumo no disminuyó en lo más mínimo. La historia de entonces repetida ahora aquí.
Un dato interesante es que el gobierno canadiense no se sumó a la medida prohibicionista norteamericana, y dado que había una demanda de alcohol en ciudades como Chicago, relativamente cercana y accesible vía marítima a través del lago Michigan con la cd de Toronto, Canadá, se decidió atender esta demanda, gravando con fuertes impuestos el comercio de alcohol que se hacía a través del lago. Toronto estuvo libre totalmente de problemas de violencia y pudo obtener muy buenos beneficios fiscales de esta medida.
¿Por qué si hay un claro antecedente de que una política prohibicionista como la descrita no funciona, no resuelve el problema de adicciones y si crea violencia y corrupción alrededor del tráfico, una política similar fue puesta en práctica en México y se sigue aplicando? En gran medida por las presiones externas, principalmente de Estados Unidos, y por coyunturas internas.
La política prohibicionista inició en 1912 con la Convención Internacional del Opio. En 1914, Estados Unidos prohibió el consumo de esta substancia en su territorio. En 1974, Richard Nixon, buscando una política pública que incrementara sus niveles de aprobación, inicio la política de guerra contra las drogas. En adelante, los norteamericanos presionaron a los países de la región, especialmente a los países latinoamericanos, a poner en marcha políticas de combate al tráfico de sustancias adictivas hacia los estados unidos, con una política unilateral de premio o castigo según su óptica y reglas, hacia los países evaluados. Siguiendo esta tendencia de guerra a las drogas, en 1998 la mayoría de los países signatarios de la ONU firmaron acuerdo para el combate a las drogas.
En México, en los años setentas se puso en marcha la Operación Cóndor, dirigida principalmente a combatir la producción de estupefacientes como la mariguana. En los años noventas supimos que precisamente el zar antidrogas mexicano estaba involucrado con alguna de las organizaciones criminales más poderosas. El combate contra las drogas se hizo particularmente intenso a partir de 2007, la violencia se incrementó, y por datos de la ONU sabemos que en México los homicidios por cada cien mil habitantes prácticamente se triplicaron en los siguientes cinco años. Estadísticas aparte, sabemos que las cifras no parecen disminuir en estos últimos años.
En la reciente intervención del Presidente Peña Nieto en la Sesión Especial de la ONU para discutir el problema mundial de las drogas, hace apenas unos días, se anunció por parte del gobierno mexicano un cambio que va en la dirección correcta, al comenzar lo que parece la no criminalización del consumo de drogas. Es un paso en la dirección correcta, pero todavía muy lejos, a una distancia abismal de lo que se requiere en esta materia.
Las drogas son un problema de salud pública y no de seguridad. La guerra contra las drogas no tiene futuro, es una guerra perdida de antemano, irremisiblemente. Este es un problema que se debe combatir con políticas de salud pública, y sobre todo con el reforzamiento de los valores familiares y humanos que nuestra sociedad parece haber dejado en parte de lado. Aunque todavía sea social y políticamente incorrecto decirlo, la resolución definitiva de la violencia asociada al tráfico de drogas pasa forzosamente por su legalización y control, de todas las drogas, no solamente de la mariguana.