Recientemente el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, señaló que el ejército no fue entrenado para el combate contra criminales, ya fueran del orden común o del crimen organizado, pues la función primordial del ejército es la de salvaguardar la soberanía frente a alguna amenaza externa.
Realmente el papel del ejército en las tareas de seguridad interna, sobre todo a raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón, ha sido muy cuestionado en la última década, pues considerando la lógica apuntada por el general Cienfuegos, efectivamente los soldados están entrenados para tomar posiciones enemigas y librar enfrentamientos directos; no están capacitados para detener criminales ni tampoco para desarticular redes de narcotráfico, ese trabajo le corresponde exclusivamente a las distintas policías y sistemas de inteligencia.
El trabajo de un oficial o soldado del ejército es estar preparado para enfrentarse ante una eventual invasión extranjera o alguna circunstancia de esa índole, por otro lado sería trabajo de un policía o investigador averiguar el modo de operar de algún supuesto criminal y posteriormente proceder a detenerlo. Por obviedad los elementos del ejército no están en la condición de suplir las labores que la policía tendría que hacer.
Incluso ya se ha reconocido que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 ha desgastado tanto en imagen como en recursos al ejército y a la marina, por lo mismo distintos personajes tanto dentro como fuera de las fuerzas armadas han pedido que se regule el papel del ejército y la marina en conflictos internos que puedan suscitarse en México así como también estipular en la ley las acciones que los miembros de tanto la marina como el ejército puedan implementar en cuestiones relativas a la seguridad interna.
Si el actuar de las fuerzas armadas no se regula en la ley, únicamente se estará promoviendo la falta de un Estado de derecho auténtico, y para empeorar las circunstancias el nuevo sistema de justicia penal que está comenzando a implementarse, tiene como prioridad asegurar que se respete el debido proceso a aquellos que están bajo un procedimiento penal; por lo que si las fuerzas armadas siguen operando bajo un limbo jurídico tal como está ocurriendo actualmente las detenciones que se realicen por parte de estas no tendrán una validez procesal efectiva, lo cual posiblemente tentará a los miembros de las fuerzas armadas a la realización de ejecuciones extrajudiciales a fin de que los supuestos criminales no puedan entrar en un proceso judicial donde posiblemente terminarán en libertad por falta del debido proceso.
Es por tanto que para garantizar tanto la seguridad, interna y externa, como el Estado de derecho se requiere una disposición legal que señale de forma detallada cuales deberán ser las facultades y obligaciones tanto del ejército como de la marina en asuntos de seguridad interna. Ello no solo para el beneficio de la población en general y del nuevo sistema de justicia, sino también para el propio beneficio de las fuerzas armadas que así sabrán hasta donde y de qué manera actuar en los distintos operativos de seguridad que deban realizar.