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Recordando a Macbeth, el dilema central que ha dado lugar a un amplio debate en todos los niveles y espectros de la vida cotidiana en México es si se les quitará el financiamiento público a los partidos políticos para destinar esos recursos a los “damnificados” del sismo del pasado 19 de septiembre que afectaron a varias entidades federativas como la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Las principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD se han sumado a la demanda ciudadana de donar los recursos que tenían destinados para apoyar la reconstrucción del país. Y hasta ahí todo suena muy bien. En sus medidas y posibilidades, la intensión ha sido buena. Parece que no suena nada mal que los partidos renuncien a un recurso que sería utilizado para ayudar a un fin noble, en un momento de mucho dolor para miles de mexicanos, sin fines partidistas, ni electoreros ni oportunistas.

Pero las interrogantes a esta primera impresión llevan a cuestionarse: ¿así tan fácil es decirles adiós a los recursos públicos que reciben los partidos políticos? Si fuese tan sencillo desprenderse de recursos que superan los 3 mil o 4 mil millones de pesos, ¿por qué no se hizo desde antes? ¿A quién le beneficia que se haga ahora y en este momento?

En primer lugar, entre los analistas, se discute sí este noble gesto que está encabezado por el PRI y el PAN no significa necesariamente que se renuncie al 100% de los recursos públicos que reciben. Ahora se les exige que especifiquen sí se trata de los recursos que reciben para actividades ordinarias permanentes o para actividades específicas o los que están destinados a los gastos en campaña. Porque hay mucha diferencia entre unos y otros. En los últimos 20 años, los recursos de actividades ordinarias representan el 81% de todo lo recibido en el periodo, mientras que las actividades específicas sólo el 3%, y el 16% restante comprende los gastos en campaña que se reciben cada 3 años.

En segundo lugar, la forma en cómo se van a canalizar dichos recursos a las comunidades afectadas no es la más clara. Más lo único que se vislumbra es un amplio protagonismo de los ejecutivos locales y del federal en las labores de ayuda y reconstrucción. Con riesgos de que los programas y las acciones asociadas a la reconstrucción se contaminen de una sobre exposición o abusos “no queridos” de los gobernadores locales, como fue lo que se pudo observar en Morelos y Estado de México con situaciones en las que camiones con despensas en vez de llegar directamente a los afectados, se desviaban por azares del destino al DIF estatal o a alguna bodega para su acopio y reetiquetado. No será ponerles en charola de plata a los gobiernos estatales una bolsa de recursos destinados a la reconstrucción en pleno proceso electoral 2017-2018, sólo como dato referencial, al día de hoy se tienen 14 gobernadores del PRI, 12 del PAN, 4 del PRD, 1 del PVEM (Chiapas) y 1 Independiente (Nuevo León). Desde esta perspectiva, no estaría nada mal para el PRI, PAN y PRD que los recursos llegasen por los finos cauces de las haciendas estatales.

En tercer lugar, los montos globales de los recursos destinados al financiamiento público de los partidos en los últimos 20 años en México, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), muestran aumentos considerables. Por ejemplo, de 1997 a la fecha, se han destinado alrededor de 66,275 millones de pesos a los partidos sin que la participación electoral haya presentado incrementos considerables; en las últimas 3 elecciones presidenciales el porcentaje de votantes con respecto al padrón electoral no ha rebasado el 64% y el candidato ganador con más votos no supera el 28% del padrón electoral total. En otras palabras, el recurso público destinado a los partidos no necesariamente se traduce en mayores niveles de participación en urnas ni en una mayor identificación con los partidos y sus plataformas políticas. De ahí que estudios como el de Anatomía de la Corrupción del IMCO y el Barómetro Global de la Corrupción realizado por Transparencia Mexicana presenten datos poco alentadores con un alto grado de insatisfacción con la democracia (sólo el 37% de los encuestados apoya la democracia) y una crisis de representación (el 91% de los encuestados no confía en los partidos políticos y el 83% no confía en legisladores).

 

Año Actividades ordinarias permanentes Gasto de campaña Actividades específicas Total por Año
1997 1.031.750.821 1.043.564.761 36.178.280 2.111.493.862
1998 1.005.603.760 40.963.195 1.046.566.955
1999 1.252.383.927 59.980.468 1.312.364.395
2000 1.500.456.125 1.500.456.125 63.179.983 3.064.092.233
2001 2.206.569.763 44.115.830 2.250.685.593
2002 2.361.250.295 78.620.892 2.439.871.186
2003 2.308.146.477 2.421.611.942 93.822.276 4.823.580.695
2004 1.785.830.186 69.151.854 1.854.982.040
2005 1.986.216.274 27.036.167 2.013.252.441
2006 2.068.375.614 2.068.375.614 34.345.681 4.171.096.908
2007 2.669.483.592 34.617.171 2.704.100.763
2008 2.538.574.217 151.737.266 2.690.311.484
2009 2.731.629.588 819.488.876 80.520.564 3.631.639.028
2010 2.910.057.120 87.301.714 2.997.358.834
2011 3.119.352.242 93.580.567 3.212.932.809
2012 3.361.120.842 1.680.560.421 100.833.625 5.142.514.888
2013 3.563.925.974 106.917.779 3.670.843.753
2014 3.810.786.094 114.323.583 3.925.109.677
2015 3.909.545.803 1.172.863.741 117.286.374 5.199.695.918
2016 3.838.503.225 115.155.097 3.953.658.321
2017 3.940.984.374 118.229.531 4.059.213.905
53.900.546.311 10.706.921.480 1.667.897.896 66.275.365.688

 

En suma, estoy a favor de que los recursos que estaban destinados a financiar a los partidos políticos se destinen a fines más útiles para la sociedad mexicana en general, pero así mismo se debería hacer un ejercicio de todos los programas públicos, como se pretendió realizar con el Presupuesto Base Cero (en dónde no se destina ningún recurso, si no se justifica desde cero, lo que requiere y su impacto o resultado). Es importante que se exija un mejor uso de los recursos públicos, pero debe ello debe implicar un ejercicio completo. Un ejercicio que le amarre al gobierno el gasto en comunicación social y obligue a instrumentar esquemas de compras consolidadas, como una proveeduría única que inhiba la corrupción, por mencionar algunos aspectos.

Sacrificar a los partidos y ponerlos como los malos de la película es muy sencillo, pero ello implicaría abrir los espacios a esquemas de dudosa procedencia en el financiamiento de sus operaciones y sobretodo en las campañas electorales (abriéndole la puerta a recursos del crimen organizado, del narco o de grupos terroristas o radicales de otros países), así como reducir el piso mínimo para una competencia democrática que le garantice las mínimas condiciones a todos los participantes y más aún a las minorías. Sin estas condiciones, la contienda electoral sólo estaría entre quienes cuenten con patrocinadores, benefactores o mecenas, con la natural condición de que en un momento determinado sean estos los que dominen la agenda sin más rendición de cuentas a ellos y dejando a un lado al electorado, a la ciudadanía, al pueblo. De ahí que el dilema sea “eliminar o no eliminar el financiamiento”, sin un análisis contundente de pros y contras.

ernesto_unam@yahoo.com.mx

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