Un grupo de empleados de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) que viajó a los Juegos Olímpicos de Río 2016, perdieron sus acreditaciones de prensa por grabar y transmitir imágenes de las competencias, lo cual está estrictamente prohibido por el Comité Olímpico Internacional (COI).
Los servidores públicos son: Emiliano Montiel, asesor de Alfredo Castillo; los camarógrafos Christian Villagómez y Matías Santiago Martínez; Meredith Reyes Palomino, directora del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade); el subdirector de Cultura Física, Gustavo Montiel Mondragón; Alfredo Peral, asistente de Castillo; Ismael Chumacero, fotógrafo personal del director de Conade y Paulina Lelo de la Rea, subdirectora de información.
Las acreditaciones que utilizaron hasta el miércoles 9 de agosto pertenecen a Claro Sports, el canal de la empresa América Móvil que posee los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Con tal de viajar a Río de Janeiro, los funcionarios de la Conade pidieron a los directivos de Claro Sports que los ayudaran a conseguir acreditaciones.
Derivado del conflicto que mantiene Alfredo Castillo, director de Conade, con Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), el primero no solicitó de manera oficial las acreditaciones para que el personal de prensa cubriera el evento deportivo. Cuando por fin envió por escrito la solicitud, el COI ya había cerrado el proceso de acreditación.
Lo paradójico es que el personal de Comunicación Social (Daniel Céspedes, Karla Cienfuegos, Laura Sarmiento, Víctor Flores, Jesús Zurita, Manuel Olayo Ramírez y Fernando Villicaña) no tienen acreditaciones y recibieron la instrucción de comprar boletos (con cargo al erario) para entrar a las competencias.
La empresa de Carlos Slim accedió a facilitarles las acreditaciones a servidores públicos que nada tienen que hacer en los Juegos Olímpicos, pero cuando descubrieron que violaron la exclusividad de transmisión de imágenes en internet y redes sociales –pues algunos medios como Grupo Expansión las utilizaron- les exigieron que las devolvieran.
A pesar de que ya no tienen cómo entrar a las competencias, los servidores públicos siguen en Río de Janeiro.
Las acreditaciones que Claro Sports entregó a los servidores públicos son de un medio poseedor de derechos. Les permitían acceder a las instalaciones de los dos centros de prensa (IBC y MPC) y a las gradas, no así a la zona mixta donde se puede entrevistar a los atletas después de que compiten.
Por violar las políticas de derechos de transmisión, Claro Sports y América Móvil podrían demandar a Conade y a cualquier medio que haya grabado y retransmitido imágenes, como al diario deportivo Récord que ha grabado video de las competencias y las ha transmitido en sus redes sociales.
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