El megaparo de transportistas está en duda debido a divisiones internas y desacuerdos con el gobierno sobre las razones para protestar.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado hacer tambalear que poner en duda el megaparo de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), que tiene previstos bloqueos para este lunes 6 de abril.
En medio del choque de posturas entre el gobierno federal y organizaciones del transporte, el megaparo convocado entró en una zona de incertidumbre, marcado por divisiones internas en el gremio y una narrativa oficial que insiste en que no existen motivos para manifestarse.
El posicionamiento surge tras el comunicado de la Secretaría de Gobernación, en el que se afirma que “no existe razón para manifestarse” y se asegura que la mayoría de las organizaciones ha decidido no movilizarse, al tiempo que se presume la instalación de mesas de diálogo y la entrega de apoyos económicos.
Sin embargo, desde el propio sector transporte la respuesta fue de confrontación.
“Dicen que carecemos de motivos para realizar nuevas protestas”, señalaron, pero atajaron que eso “no corresponde a la realidad: son soluciones a medias y a tercias”.
El contraste de versiones exhibe una fractura. Mientras el gobierno sostiene que ha habido atención y acuerdos, un bloque de transportistas acusa simulación.
“Se oye bonito”, advierten, pero lo que se busca es que el sector “se conforme y acepte soluciones parciales”.
La división también se refleja en la decisión de movilizarse. De acuerdo con el propio comunicado oficial, “la mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse”, aunque persisten grupos que mantienen el llamado a bloquear carreteras.
Para estos últimos, el fondo del conflicto sigue intacto. “Está bien sentarse, a platicar, a tomar café; pero lo que necesitamos son soluciones concretas”, señalaron, al cuestionar: “¿Pero no pueden o no quieren solucionar?”.
En materia de seguridad, el gremio inconforme insiste en que la violencia en carreteras no ha cedido.
“Dicen que se han fortalecido los operativos, pero ¿están revisando los resultados?”, al advertir que “se ha incrementado la extorsión a los camioneros y las muertes de operadores no cesan”.
También confrontaron el discurso oficial que llama a no afectar a terceros.
“¿Y los huérfanos y las viudas, consecuencia de compañeros fallecidos por la inseguridad en carretera? ¿Y las unidades robadas o quemadas? ¿Dónde quedan?”.
A ello sumaron pendientes como la falta de paradores seguros y sistemas de vigilancia.
“No bastan las buenas intenciones”, señalaron, al insistir en que los compromisos no se han materializado.
En el plano económico, denunciaron atrasos en pagos e incentivos, en un contexto donde los costos de operación siguen al alza.
“Sigue habiendo muchos atrasos”, mientras “el productor come todos los días”, advirtieron.
El choque de narrativas se extiende al terreno económico. Mientras el gobierno presume estabilidad, el sector responde: “Buen negocio ser banquero; mal negocio ser mexicano de abajo”.
Con ese telón de fondo, el megaparo anunciado para este lunes se mantiene en duda, atravesado por la división entre organizaciones y por una disputa abierta sobre si existen o no condiciones reales que justifiquen la protesta.
“El problema no es la falta de diálogo, es la falta de resultados”, sintetizaron.
Previo a esta respuesta al comunicado de la Secretaría de Gobernación, la asociación de transportistas emitió un comunicado en el que reprochaba agremiados suyos y otras organizaciones haber reculado a la protesta.
En este posicionamiento la asociación nacional de transportistas de carga aseveró que estos que dan marcha atrás no son los conductores de a pie sino transportistas cercanos a poderosas empresas que están muy lejos de solidarizarse con la clase trabajadora del volante de carga.