La “crisis ética” del padre Solalinde

En el podio del horror

Hay una razón por la cual los expertos del GIEI no utilizaron el argumento de que no se respetó el debido proceso para solicitar la libertad de los 17 detenidos por el caso Ayotzinapa que, aseguran, fueron torturados.

Los expertos saben que los 17 implicados, presuntamente torturados son responsables de los hechos que se les imputan, aseguran fuentes vinculadas con este grupo.

Hay que dejar muy claro que ni aun así se justifica la tortura. Ningún tribunal de justicia serio avalaría condenar a nadie con “confesiones” arrancadas de ese modo.

Pero las evidencias son tan contundentes que bajo ninguna circunstancia podrían abrirles las rejas.

No les queda más que cerrar los ojos.

  • Es cierto que los expertos del GIEI, que terminan su mandato el 30 de abril, no lograron cumplir con su propósito primordial: saber qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa que se llevaron los municipales de Iguala y Huitzuco, el 26 de septiembre del 2014.

Dicen que el gobierno los obstaculizó. Se quejan de que no pudieron hablar con militares, que les atoraron sus investigaciones, que les orquestaron una campaña de desprestigio.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, lo negó. Dijo que se les brindaron todas las facilidades, en la investigación más transparente que se haya tenido jamás.

Francisco Cox, uno de los integrantes del GIEI, le dijo  ayer a Carlos Puig en Milenio Televisión que en el primer mandato pudieron hablar con los detenidos, pero en el segundo ya no.

No es difícil deducir que la segunda vez les cerraron las puertas de las cárceles, porque en la primera descubrieron que los implicados habían sido torturados.

Los trajeron con la idea de que sus investigaciones iban a confirmar la “verdad histórica” en la que Jesús Murillo Karam sigue creyendo.

Para el gobierno, el resultado podríamos resumirlo con una frase muy popular: “Salió peor el remedio que la enfermedad”.

  • Su estancia no fue en vano. Ya es imposible negar que en México se tortura, aunque tampoco se puede afirmar que sea práctica generalizada, como lo dijo, con mucha ligereza,  Juan Méndez, relator de Naciones Unidas para la Tortura.

Los expertos del GIEI abrieron brecha para que se investigue si hubo o no “siembra de evidencias” en el basurero de Cocula,  para ajustarse a la “ verdad histórica”.

Pero, también, si Tomás Zerón, hoy titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR,  tiene alguna responsabilidad en ello.

Por lo pronto, los padres de los 43 exigen que este funcionario, con fama de “cabrón” —así nos lo han descrito— sea separado de su cargo e investigado, luego de que los expertos dieran a conocer un polémico video que no fue incluido en el expediente. Las imágenes, grabadas el 28 de octubre del 2014, muestran personal de la PGR en las inmediaciones del Río San Juan, manipulando restos óseos con bolsas similares a las encontradas, oficialmente, allí mismo, pero un día después. Una contenía los restos de quien fuera identificado, en Innsbruck, Austria, comoAlexander Mora Venancio, normalista de Ayotzinapa. Los padres convocaron a una marcha para hoy —como cada día 26— para protestar por la salida del GIEI.

  • De las investigaciones hablamos brevemente con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Se mostró parco y hasta cortante en ese tema. “Eso es responsabilidad de la PGR. No tengo comentario”, nos dijo.

Le pedimos opinión sobre  los expertos del GIEI con los que tuvo trato permanente. Sorprendió su respuesta. Difiere del sentimiento que reflejan, en corto, otros funcionarios.

“Les tengo respeto. Trabajamos muy cerca. Es gente valiosa”, reconoció. Pero dijo: “Por su origen y naturaleza, están más cerca de las víctimas”.

Los expertos del GIEI son gente probada. No vinieron a hacerle el juego al gobierno federal ni a avalar la famosa “verdad histórica”. Algunos se la han jugado en sus países.   La guatemalteca Claudia Paz y Paz, por ejemplo, llevó a juicio al temible dictador, Efraín Ríos Montt. La colombiana Ángela María Buitrago promovió el juicio contra militares que participaron en el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá, allá por los ochenta. No podemos abandonar el tema sin decir que es falso que los expertos se hayan embolsado dos millones de dólares como se difunde en algunos medios.  Les pagaban el equivalente a 80 mil pesos mensuales.

El resto se iba en alquiler de oficinas, viáticos para viajes. servicios que iban requiriendo.

  • El Informe final del GIEI mantiene a México en el podio del horror a nivel internacional. La Oficina de Washington para América Latina  (WOLA) sacó de inmediato un comunicado en el que da crédito a la postura de los expertos.

“Lo que México presentó como verdad histórica cada vez se asemeja más a un encubrimiento histórico”,  criticó  Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA.

  • El viernes pusieron a circular dos predictámenes en el Senado.  Se trata de la Ley contra la Tortura y de la Ley de Desapariciones que, supuestamente, quieren llevar al pleno esta semana, aunque no los han visto ni en comisiones.

Fuentes legislativas nos confirmaron que el primer dictamen pretende poner al mismo nivel la tortura y el trato degradante.  El segundo, colocar en la misma categoría a las personas y a las no localizadas.

El PRI rechaza ambos documentos por considerar que se trata de “un albazo”. Señalan a la senadora del PRD, Angélica de la Peña como responsable de la distribución de los documentos.