El diputado de MC, Antonio Sosa Carreño, sostiene que INE y Oples deben ser innegociables en la reforma electoral federal
Diputado Antonio Sosa Carreño, de Movimiento Ciudadano | Foto. Contramuro

El diputado de MC, Antonio Carreño Sosa, sostiene que INE y Oples deben ser innegociables en la reforma electoral federal

Morelia, Michoacán.- En la reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales (Oples) deben ser innegociables, considera el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Antonio Carreño Sosa.

En entrevista, el legislador local destacó la importancia de la reforma electoral, tanto a nivel federal como local, señalando que esta debe ir más allá de consolidar el poder y enfocarse en fortalecer la democracia.

De acuerdo con Carreño Sosa existe la necesidad de abordar temas pendientes como las acciones afirmativas y la fiscalización de los partidos, buscando mayor transparencia y acceso ciudadano a las candidaturas.

En relación a la reforma federal, Carreño Sosa enfatizó que el INE y los organismos autónomos son innegociables, resaltando la importancia de la autonomía y la organización de las elecciones.

“Está pendiente también el tema de la fiscalización de los partidos, algunas cuestiones que permitan ser más transparentes o más acceso a la ciudadanía a las candidaturas. En cuanto a la reforma federal, si bien no sabemos oficialmente cómo está planteada, entiendo lo que dice y coincido, creo que un punto innegociable es el tema del INE y de los organismos autónomos”.

El legislador defiende la necesidad de un INE independiente, con presupuesto y organización territorial, señalando que la piedra angular del sistema democrático es que las elecciones sean organizadas y auditadas por la ciudadanía.

Antonio Carreño advirtió sobre el peligro de centralizar todo en lo federal, lo cual, a su juicio, demuestra un desconocimiento de la operación electoral y dificulta la participación ciudadana.

Finalmente, habló de revisar el voto electrónico como una forma de generar ahorro económico y mayor certeza jurídica en la custodia de los votos, destacando su potencial para blindar las elecciones contra fraudes.